La batalla por la educación
Más de dos semanas llevan los partidos políticos y los medios afines batallando por tierra mar y aire por el pin parental, que no es más que la censura de unos padres retrógrados para que sus hijos sean educados según su moralidad, para hunos, o la única forma de proteger a los hijos de la barbarie izquierdista, para hotros, en posturas vez más extremas y opuestas. Con el agravante de que el PSOE apoya sin complejos a Podemos, incluso yendo más allá con las totalitarias declaraciones de la ministra de educación Celaá diciendo que los hijos no pertenecen a los padres. Pertenecerán entonces al Estado, digo yo, como en las peores dictaduras. Y el PP compitiendo con Vox en la carrera para ocupar el espacio político hacia la derecha; ahí tenemos al presidente de la Región de Murcia reclamando para si la idea de implantar el dichoso veto. Como colofón de idioteces la juez Victoria Rosell de Podemos, flamante delegada del gobierno para la violencia de género del nuevo gobierno, pedía aplicar el 155, es decir, suspender la autonomía de la Región de Murcia por este tema. Escandaloso cuanto menos, al constatar cómo han callado, y siguen callando, ante los desmanes nacionalistas en otras comunidades, merecedores, esos sí, de su severa y prolongada aplicación.
Esta polémica en la que están enzarzados los partidos políticos está siendo especialmente cruenta debido a lo importante del objetivo a cobrar. El poder del sector educativo, poder moldear las mentes de los más pequeños siempre ha sido el objetivo de los totalitarismos. Los educandos de hoy serán la base del régimen del mañana. Miren tan solo con perspectiva el caso catalán. El 90,5% de los catalanes votó a favor de la Constitución, de los porcentajes más altos de España, solo superado por Andalucía, Canarias y Murcia. Nadie hablaba ni se planteaba la independencia; ERC era un partido residual con un mínimo apoyo, la quinta fuerza en Cataluña, incluso perdiendo su único escaño en las cortes a mediados de los años 80. Sin embargo, la confesada estrategia del pujolismo, “hoy paciencia, mañana independencia”, ha dado sus frutos, ensanchando la base a favor de la separación de España hasta un 43% (un 48% la rechazan según los sondeos de la propia generalidad poniendo en cuarentena los datos dada la confianza que estas instituciones tienen hoy día); la ingeniería social ha dado sus frutos. Esta estrategia se ha basado principalmente en el control de la escuela y los contenidos impartidos, del profesorado y de la inspección, como ha sido denunciado y demostrado en infinidad de ocasiones.
Personalmente, tengo claro que no puede prevalecer el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos sobre el interés general de formar a ciudadanos que compartan los valores constitucionales, los cuales son la base de la convivencia y la sociedad. Me refiero a que los tutores legales no pueden privar a los niños de ciertos conocimientos básicos, ni más, ni menos. Los contenidos de las materias aprobadas de la programación general anual de cada centro son conocidas por los padres, tienen los libros y toda la información disponible. Por este mismo motivo es razonable que los padres también estén al tanto de la formación complementaria de sus hijos, sobre todo si es impartida por personas ajenas al centro, mas no puede convertirse en un poder de censura; la última palabra en caso de discrepancia no la pueden tener ellos sino la administración educativa.
La enseñanza no puede estar supeditada en ningún caso a la moral particular de una persona. Hay clases donde asisten niños procedentes de varios continentes, pertenecientes a diferentes religiones, con distintas creencias y formas de pensar. Ejemplos hay de todo tipo. Yéndonos a los más absurdos, las personas con creencias terraplanistas (si, hay gente que piensa en serio que la Tierra es plana y estamos sometidos a un engaño a escala planetaria) o aquellos quienes no aceptan la teoría de la evolución de Darwin. ¿Debemos permitir que sus hijos no reciban una educación adecuada? Tendemos a pensar que las intenciones son siempre buenas, no obstante no es así. Hemos visto a un condenado por asesinato por motivaciones políticas, no arrepentido, dar clases sobre derechos humanos en una universidad vasca. Los asistentes eran mayores de edad, sin embargo, cuando suceda en un colegio, ¿no tienen derecho los padres a oponerse? ¿O cuando en Cataluña realizan actividades extraescolares de apoyo al proceso ilegal de secesión o a los políticos encarcelados y condenados por graves delitos? Es un tema espinoso y delicado, sin duda. Con respecto a la educación afectivo-sexual, identidad de género y modelos de familia, sin temor a equivocarme el punto central de esta polémica, pienso que evidentemente se debe explicar a los alumnos, pero siempre desde el máximo respeto que se debe tener en cada etapa escolar. Son temas sensibles, sobre todo los de índole sexual, y las opiniones de los expertos no son concluyentes sobre la edad de iniciación en este tipo de contenidos por lo que no se debe forzar las voluntades y creencias de las familias.
Como decía anteriormente, las centrales mediáticas de derecha e izquierda han puesto todo su esfuerzo para ganar la batalla de la opinión pública, la que importa hoy día, la que da votos y otorga, por tanto, el poder. Ojo con la opinión pública puesto que es muy maleable e influenciable por los medios. La primera batalla por la opinión pública se empezó a librar a inicios del siglo XX cuando los gobiernos ya no dependían de la voluntad exclusiva del soberano o aristocracia y se buscaba la complicidad de la sociedad para que apoyara sus intereses. El inicio de la primera guerra mundial fue prácticamente llevado en volandas por los medios nacionalistas de Francia y Alemania, y casi fue celebrado por parte de la sociedad cuando estalló la guerra.
Lo más gracioso sobre este tema es que el propio gobierno socialista de Extremadura, apoyado por Podemos, implantó también un pin parental este mismo curso. Concretamente, en octubre de 2019 la inspección del área de educación envió una circular a los centros educativos con el siguiente comunicado textual para que juzgue el avispado lector si tiene semejanza con la medida aplicada en Murcia: “desde el Servicio de Inspección se nos informa que para solicitar la realización de actividad (charla / ponencia / taller o similar) por parte del personal ajeno al Centro, es obligatorio que el profesor responsable y coordinador de la actividad solicite a las familias autorización (adjunta) de consentimiento de asistencia a dicha actividad aunque ésta se realice dentro del centro y en horario lectivo”. ¿Solo indigna a la sociedad si se atreve a plantearlo la derecha? Lo único que me lleva a pensar este dato es que la educación de los niños y la preocupación de los padres se la trae al pairo y esto tan solo es un nuevo motivo por el que enfrentar a la sociedad en busca de arañar votos a los adversarios y continuar polarizando las opiniones. Por desgracia, lo único seguro es que esta legislatura tampoco vamos a conseguir la tan necesaria ley educativa. Un pacto de estado para conseguir una nueva ley de educación para los próximos 30 años, consensuada y aceptada por todos los partidos, que deje la ideología al margen de la enseñanza y la educación, diseñada y aprobada por profesores, los verdaderos expertos en esta materia. Tomen nota.