IU-Verdes: “Ya es obligatorio para las empresas el registro salarial por sexos”

Francisco Saorín explica que el nuevo Real Decreto tiene por objetivo impulsar “la transparencia salarial en las empresas para garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres en trabajos de igual valor”

Crónicas de Siyâsa/IU-Verdes

Mediante un comunicado de prensa, IU-Verdes de Cieza ha valorado “positivamente” la entrada en vigor del reglamento que desarrolla el real decreto ley de 2019 que pretende “combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres, recordando que la brecha salarial entre hombres y mujeres se calcula que ronda el 22%”.

Desde el miércoles 14 de abril todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, están obligadas a tener un registro de los salarios de sus trabajadores desagregado por sexos. Esta medida está recogida en el Estatuto de los Trabajadores “gracias a una norma aprobada en marzo de 2019, pero que no se hizo efectiva hasta que el pasado mes de octubre el Gobierno no desarrolló el reglamento para llevarla a cabo, en el que estableció un plazo de seis meses”. La medida está dirigida a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ronda en la actualidad el 21%.

Francisco Saorín, coordinador de los ecosocialistas ciezanos, ha explicado que todas las empresas, al “margen de su tamaño”, tienen que tener un registro salarial desde el 14 de abril. Esto significa que incluso las que cuentan con un único empleado también están obligadas. En España hay casi 1,5 millones de empresas con asalariados, aunque de ellas unas 900.000 apenas tienen uno o dos trabajadores, según los últimos datos del INE.

Asimismo, ha incidido en que este registro debe reflejar los “valores medios, desglosados por sexos, de los salarios de toda la plantilla, también de los directivos, incluyendo los complementos salariales, también diferenciadas por sexos”. Para ello se utilizará la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable, según especifica el reglamento. A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales.

Por otra parte, el dirigente ecosocialista ha subrayado que los trabajadores interesados en conocer estos datos tendrán que solicitar esta información al comité de empresa. En caso de empresas más pequeñas que no cuenten con uno, el propio trabajador podrá acceder a este registro, aunque en este caso no podrán conocer el contenido íntegro sino que la empresa solo tiene la obligación de facilitarle las diferencias porcentuales que existieran en los salarios desglosados por género. Lógicamente, la Inspección de Trabajo podrá solicitar en cualquier momento este documento.

También ha insistido en que cuando en una empresa con al menos 50 trabajadores el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un 25 % o más, el empresario deberá justificar que el motivo responde a causas objetivas y no supone una discriminación de género.

Finalmente, Saorín ha advertido que la información salarial o su ausencia “podrá servir para llevar a cabo las acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas oportunas”, según consta en el reglamento, lo que puede acarrear multas que van desde los 6.251 euros a los 187.000 euros.

 

 

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