A propósito de la OPERACIÓN DELORME
Charles Delorme fue un médico que gozó de gran prestigio en Francia y gran parte de Europa, asistiendo a nobles y reyes durante el siglo XVII. Fue pionero en el uso de la mascarilla para evitar la transmisión de enfermedades al personal médico. Figura esencial en la lucha contra la peste que, como es sabido, causó estragos en la Europa de su tiempo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo tuvo claro y así bautizó una operación que, según avanzan las pesquisas, revela implicaciones y dimensiones muy preocupantes.
No citaré todas las informaciones publicadas y no contradichas pues son tan conocidas por la opinión pública como seguramente validadas por su hinchada, a quien parece importarle poco o nada el saqueo y pillaje de los suyos. Así lo acreditaron las urnas para villanías pasadas. Advierto que la doble moral no es el duplo de ésta sino su carencia. Y sospecho que lo sabido es una ínfima parte respecto de lo que resta por conocer. En la política, como en la vida en general, una deidad reina sobre todas las demás: el dinero.
La plata, en proporciones suficientes, tal vez no garantice nuestra felicidad pero aplaca los nervios. Luego una retribución justa ganada con decencia no admite contradicción. Los problemas surgen cuando, para muchos de nuestros semejantes, la codicia desconoce límites y desprecia los caminos rectos.
De entre el amplio catálogo de corruptelas y fermentaciones público-privadas, la corrupción política destaca sobre las demás. El cohecho, la prevaricación, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias o el enriquecimiento ilícito, por explicitar algunos ejemplos, son conductas que suscitan la acción de la Justicia y el reproche social; al menos de aquellos conciudadanos que todavía no hemos enajenado la capacidad y libertad críticas. Vayamos algo más lejos. El político, antes de delinquir, ha tenido que pasar una criba democrática para alcanzar ese estatus de poder y privilegio. Por tanto, en algún momento de ese recorrido hubo de engañar al electorado prostituyendo el mandato democrático. El envilecimiento político siempre va precedido de una depravación moral y ética. Pero es que, además, casi todas las formas de podredumbre política implican el extravío, merma o desaparición del dinero público que, para toda democracia antes sustantiva que meramente formal, alcanza naturaleza sagrada.
No queda ahí la cosa. Los políticos que ya han delinquido y los que tienen pensado hacerlo incurrirán en otras conductas punibles y/o deshonestas para esquivar la acción de la Justicia. De entre todos éstos, me preocupan especialmente aquellos que, por atesorar el suficiente poder en sus manos, están en disposición de alterar las reglas de juego, enervando los contrapesos que los más eminentes intelectuales de las ciencias jurídicas, políticas y morales han sido capaces de aportar a la democracia. El control político del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o de la Fiscalía General del Estado persigue la neutralización de la acción fiscalizadora de la Justicia; una de las piedras angulares de una democracia real. No sean incautos. Sin una separación formal y material de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, no hay democracia posible. Los excesos y desviaciones de poder, como toda actuación delictiva, por muy alta que fuere la dignidad o representación unipersonal o colegiada del malhechor, de ninguna manera deben quedar impunes. Lo diré de otra manera algo más prosaica. El dinero público, esto es, el sudor y esfuerzo colectivos distraídos por todo golfo han de ser reintegrados a la Caja Común hasta el último céntimo de euro. Para eso hace falta una Justicia independiente y una legislación penal inspirada, antes que en el robagallinas, en la delincuencia de cuello blanco. Y, por descontado, las penas deben ser lo suficientemente duras para que el botín, por muy abultado que fuere, desmerezca frente al castigo. También ejemplarizantes para disuadir a potenciales bandoleros. Si de mí dependiera, aun cumplida la pena privativa de libertad, mientras que aquellos no reintegrasen hasta el último real del peculio público sisado, no saldrían de la trena. Sólo así, la sonrisa etrusca desaparecería de las comisuras de sus labios mientras el pueblo soberano recuperaría parte de la dignidad arrebatada.
Fantasías aparte, poco debemos esperar de quienes delinquen y legislan al mismo tiempo ¿Qué tendrá la política cuando la bendicen? Algo o mucho ha de tener para que sus líderes y lideresas blandan los cuchillos en enésimas pendencias ¿Alguien sabe con exactitud a cuánto ascienden las fortunas del Rey Juan Carlos I o de Jorge Pujol? Yo tampoco. Imagino, eso sí, que para los amantes de lo ajeno, estos dos deben ser toda una inspiración. Hasta puede que tengan empapeladas las paredes de sus alcobas con pósteres de estas dos figuras. Hiciéronse inmensamente ricos mientras la Justicia, desprovista de su venda para la ocasión, miró para otro lado.
Descendamos un peldaño. Les das una cartera negra, honores y un coche oficial y emergen sus verdaderos rostros. Pobres. No saben que para delinquir e irse de rositas no basta con querer; hay que poder. Poder sermonearnos por Nochebuena, erigirse en una X indescifrable o atesorar información sensible de quienes manejan los hilos. Luis, el finiquitado en diferido en grouchoriana versión de una antológica Cospedal, custodiaba la contabilidad real del PP desde 1990 hasta 2008. Tras haber sido relativamente fuerte, goza ya del tercer grado. Un individuo con antecedentes penales, vestido de cura y aviado de un arma real, pero con balas de fogueo, entró en la vivienda de Bárcenas, maniató a su esposa, hijo y asistenta y exigió la entrega de los pendrives que contenían la contabilidad opaca. Chusco robo y curioso botín; aunque ninguna gracia hubo de provocarles a los maniatados que, por descontado, ignoraban la inutilidad del pistolete. Enrique Olivares, que así se llamaba el falso cura, se llevó el secreto a la tumba. Nunca sabremos si actuó como un verso libre o formaba parte de la estrofa que buscaba el soterramiento o publicidad de tan sensible información.
Entre certezas, dudas razonables y balsámicos sarcasmos, la impunidad de reyes y validos es manifiesta y también estimulante para los que, llegados después, reclaman su parte. Sé que la inmensa mayoría de los políticos son honrados pero callan y otorgan con sus silencios, unas veces, y con sus votos, en otras. A estas alturas, deberían entender que la disciplina de voto se justifica por la democracia interna pero la corrupción material y moral habrían de excepcionarla.
La vida política, como la de los futbolistas, es corta y conviene colmar la saca para que en días destemplados no les alcance el frío. Ya lo sufrirá el pueblo de rostros estriados y espaldas arqueadas de tanto hundir sus manos en la tierra e implorar complicidad al cielo. En 2021, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ya estaba investigando los movimientos de dinero relacionados con la Trama Koldo. Parece razonable pensar que la por entonces Ministra del ramo, María Jesús Montero, trasladó esta información a su Gobierno y, por tanto, que la salida de Ábalos del Consejo de Ministros y de la Secretaría de Organización del PSOE (ambas en el 2021) no fue casual y sí causal. Ahora, tres años después de aquello, cuando la información publicada alarma a propios y extraños, el PSOE dice abanderar la lucha contra la corrupción. Los hechos les preceden. Por eso rebajó la respuesta punitiva de los desórdenes públicos y de la prevaricación, despenalizó la sedición para indultar a los amotinados y anda como loco por amnistiarlos.
La democracia y el Estado de Derecho representan el único salvavidas posible para toda civilización digna de ser así llamada. Espero que la Justicia escriba negro sobre blanco sirviendo a la diosa Themis quien, recordémoslo, lleva vendados los ojos. Mascarillas inservibles y dispendio de dinero público aparte, la hoy tercera autoridad del Estado, la otrora Presidenta de Baleares, Sra. Armengol, se opuso a la creación de una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores tutelados por el Consell de Menorca. PSOE, Més y Podemos impidieron, con sus votos, el esclarecimiento político de tales hechos. Tranquilos. Les veremos en el OCHO EME bramando como posesos, posesas y poseses por los derechos de la mujer. Pura coherencia.
Las cifras no son pacíficas, pero se calcula que unos 122.000 compatriotas perdieron sus vidas por la pandemia del coronavirus. Mientras los cadáveres se enfriaban en las morgues y otros españoles agonizaban, había quienes sacaban tajada con la compra de mascarillas. Nada nuevo bajo las tinieblas pues las guerras y las calamidades siempre fueron excelentes oportunidades de negocio; para los miserables, se entiende.