Todo es por nuestro bien
Es curioso como un asunto que no fue importante durante la campaña electoral de las pasada elecciones de julio (que lejos quedan aquellos días primaverales), ni siquiera creo que se nombrara, se ha convertido en el tema central de todas las acciones de gobierno desde que se supo que la derecha secesionista catalana tenía la llave de la gobernación. El PSOE no ha hecho otra cosa, no se conoce ley alguna destinada a mejorar la vida de los españoles en estos meses (si acaso lo contrario, como continúas subidas de impuestos de todo tipo, entre otras lindezas). Toda su acción de gobierno ha estado centrada en contentar las peticiones de sus socios, de sus compañeros de viaje, quienes, viendo, como todos, la debilidad y desesperación por no desagraviarles, aceptan todo lo solicitado. Así llevamos meses, conociendo con luz y taquígrafos como se iba desarrollando esta ley ad hoc, chabacana y chapucera, con la colaboración incluso del presidente del tribunal constitucional, para asegurar que esta “encaje” en el texto fundacional de nuestra democracia. Hecha a su medida. Una aberración ilegal que no debería ser llevada a un parlamento. Y mucho menos ser aprobada; sin debate, por supuesto, como le gusta gobernar a esta gente, hurtando el derecho a deliberar de nuestros representantes. Que ironía que, precisamente los que la exigieron, la redactaron, e incluso iban a ser los principales beneficiarios, son los que votan en contra para que se rechace. Si no fuera tan grave la cuestión, y porque volverán a la carga para aprobarla, esta ley u otra parecida, las risas se oirían hasta en Australia.
Para una cosa si ha servido la negociación y posterior votación de esta ley: los socios de Sánchez Pérez-Castejón ya saben que está dispuesto a ceder en lo que sea con tal de seguir en la poltrona. Ya no hay líneas rojas, como ellos mismos llaman a sus convicciones supuestamente inamovibles; lo que diga la ley o la constitución se retuerce para interpretarlo a su conveniencia. Y si no, se cambia la ley. Y todavía peor, si para que los jueces no apliquen la ley correctamente hay que presionarlos públicamente o modificar su forma de actuar, se hace también sin problema (la última ocurrencia es limitar los tiempos de instrucción para que así no afecte a sus negociaciones). Es decir, están dispuestos a todo. Como dijo Marx el humorista, el que hacía películas, “estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”. Hablé con un conocido sobre este tema antes de la votación de la ley de amnistía. Me decía que los analistas políticos estiman que la coalición gobernante estaría en peligro en caso de obtener un fracaso incuestionable en las elecciones gallegas y europeas. Le manifesté mi desacuerdo. Uno de los motivos es que tuvo un batacazo mayor y más evidente en las elecciones autonómicas y municipales, donde perdieron casi todo el poder que ostentaban, y la respuesta fue convocar otras elecciones para salvar los muebles antes de que fuera tarde, no dimitir. Y otro, porque a ninguno de los partidos asociados le conviene que el PSOE pierda el poder. Por lo que ni Sánchez se marchará, ni el resto de partidos votará jamás junto a Vox y PP para desalojarle del palacio de la Moncloa. La única posibilidad que yo atisbaba para que el PSOE, que no Pedro Sánchez, se vea obligado a tirar la toalla y convocar elecciones es el evidente ilógico criterio que utiliza el partido de Puigdemont – antes de Jordi Pujol – para tomar decisiones. Tendemos a creer que se mueven dentro del mismo marco de pensamiento que el resto de partidos políticos, pero nada más lejos de la realidad. ¿Llevarán finalmente tan lejos las exigencias y humillaciones como para desbordar las enormes tragaderas del gobierno? Veremos. Actuaciones que hace años eran caso de escándalo periodístico, y provocaban la dimisión, destitución o defenestración del político de turno hoy son vistas como algo normal; han cambiado las reglas del juego.
El problema es que el paso de un estado democrático y libre a uno no tanto es cada vez más difuso y gradual. Ya no hay levantamientos militares o toma de las calles por parte del populacho. Ahora, simplemente, se hace de la ley a la ley, pero en vez de como se hizo en España, de un régimen dictatorial autoritario a uno democrático, en el sentido contrario. Observen, por ejemplo, Venezuela. Solo hizo falta ganar unas elecciones. O la propia Rusia de Putin, donde cada posible rival político termina muerto o en un gulag. O la organización terrorista Hamas en Gaza. Una vez adquirido el poder, es tan sencillo como cambiar las reglas del juego a tu gusto y conveniencia, eliminar a la oposición, y esperar que el resto de países no haga nada. Objetivo cumplido. De ahí que sea tan difícil enfrentar esta situación; probablemente, cuando se quiera reaccionar, cuando se quiera hacer algo, sea tarde. Estoy seguro de que en España no es esa la intención, sin embargo, el resultado, la consecuencia de la toma de decisiones precipitadas y forzadas por las circunstancias o exigencias de los que requiere su apoyo para gobernar, así lo está corroborando. Insisto, no creo que Sánchez quiera perpetuarse, acabar dos legislaturas es más de lo que podía haber imaginado nunca, no obstante, dejan preparando el caldo de cultivo perfecto para que esta situación se repita. Querrá terminar su legislatura lo mejor que pueda, aunque fracasará y, como Rodríguez (Zapatero), tendrá que convocar elecciones anticipadas. ¿Qué impedirá al siguiente que venga que también nombre a una persona de su partido como presidente del CIS, de correos, de paradores, fiscal general del estado, presidente del constitucional…? Y no sigo o el artículo desborda el espacio asignado. ¿Dirán que no es adecuado, o tras su actuación previa deberán callar (personalmente, no creo)? No obstante, el partido que esté en el poder se sentirá totalmente legitimado para hacer lo mismo. ¿Qué país nos quedará? De momento uno en el que el fiscal general del estado proclama públicamente las decisiones que deben tomar sus subalternos. Uno en el que un fiscal firma un informe donde ve indicios de terrorismo para dos días después firmar uno con lo contrario. Uno en el que el presidente dice que sus socios no van a ser juzgados por terrorismo porque no han cometido ningún delito. ¿Cómo lo sabe? ¿Es juez? ¿Debe dejar pues de investigar el juez? ¿No debe sentirse el juez presionado? Tras indultar en la legislatura anterior a sus socios para sacarlos de la cárcel, dijeron que era para acabar con el problema catalán y mejorar la convivencia. Lo que más fastidia de todo, es que ahora vuelvan con el mismo argumento. Que es algo que no quieren hacer en realidad, que es todo por nuestro bien. Por favor, encima no nos tomen por tontos.