Tengo un sueño y se llama ESPAÑA
La transición española fue un encaje de bolillos y, entre las innumerables urgencias que se agolparon, una brilló con singular preeminencia: el tránsito de una dictadura a una democracia. En circunstancias tan movedizas como frágiles, los padres constituyentes hicieron cuanto pudieron, que fue mucho. Y no seré yo quien niegue las bondades de aquella transición y de su fruto más preciado: la Constitución de 1978.
Pero de ninguna manera podemos obviar los errores, clamorosos silencios, ocurrencias, validaciones inaceptables y cierres en falso de partes sustanciales de la Ley de Leyes. Todas estas grietas han generado un sinfín de contrariedades que, en buena parte, se han ido enervando gracias a gobiernos con el suficiente sentido de Estado. Hacía falta el tridente Zapatero, Rajoy y Sánchez para poner de manifiesto las debilidades de una constitución de letra y espíritu tan endebles que no ha podido resistir las embestidas e inacciones de los citados. Parecía imposible pero el alumno ha aventajado al maestro. Sánchez, con la inestimable ayuda de enemigos confesos de la nación española, se ha propuesto culminar lo que iniciara Zapatero ‘el Solemne’: la destrucción del Régimen del 78 por la vía de los hechos consumados y de traiciones manifiestas al juramento de sus cargos. Rajoy es culpable por omisión pues tuvo la fuerza y oportunidad de frenar el asedio y no hizo nada. Porque permitió que la corrupción se colara hasta las mismísimas entrañas de Génova 13, debilitando las ideas y posiciones que con más urgencia necesitaba España. Y porque se fio de un partido de orígenes racistas como el PNV, que un día le aprobó los presupuestos para sacar tajada y cuatro días más tarde le apuñaló por la espalda. El PNV ha sido sorpasado por EH-Bildu pues, al fin y al cabo, los vascos prefieren el original a una burda copia.
España es hoy un Estado CON Derecho pero no DE Derecho. La Justicia, desde 1985, se halla maniatada y politizada. Donde no hay Derecho, donde escasea o flaquea el imperio de la Ley, nadie ni nada está a salvo; ni la mismísima razón. En un alarde de descaro intolerable, ni el pepé ni el pesoe han hecho el más mínimo esfuerzo por devolver a la Justicia el autogobierno y autonomía que jamás debieron perder. Durante estos últimos lustros, sendos partidos se han acusado mutuamente de falta de acuerdo a la hora de renovar los sillones del CGPJ y del TC cuando lo realmente abyecto es la existencia del acuerdo mismo.
Nuestra timorata Ley Electoral prima a la tierra antes que a los individuos. Mientras que a VOX, por ejemplo, cada diputado le ha costado 91.931 votos, a ERC le ha salido por 66.126 votos, a JUNTS por 56.090 votos, a EH-Bildu por 55.560 votos y al PNV por 55.156 votos.
Como ven, el kilo de diputado sale más caro o barato dependiendo de la lonja en la que se efectúa la transacción.
Se comprende y los padres constituyentes lo comprendieron también. Siempre ha habido clases y siempre ha habido regiones a secas y nacionalidades. La voz nacionalidad, indescifrable como el más astral de los arcanos, se introdujo en la Carta Magna para apaciguar a los hijos pródigos de turno, que siempre quisieron la manteca y nunca al hogar común. No es la primera vez que el uso bastardo del lenguaje se pone al servicio de políticas mezquinas. Federalismo asimétrico, cordones sanitarios, alertas antifascistas, o escraches son, entre otras muchas, ficciones semánticas que pervierten o mancillan la realidad misma.
Amordazada la justicia y amaestrados los medios de comunicación y propaganda, la siniestra española se ha propuesto finiquitar el Régimen del 78. Pero no de frente y por los mecanismos que la propia Constitución prevé sino desde el lado obscuro. Según los datos de estas últimas elecciones, los partidos nacionalistas (ERC, JUNTS, EH-BILDU, PNV y BNG) representan en su conjunto el 6,67% del voto en España pero, para fortuna de éstos, el 31,7% del PSOE y el 12,30% de SUMAR parecen dispuestos a someterse a los intereses de nacionalistas, xenófobos domésticos y supremacistas. ¿Razones? Tres. La querencia patológica por el poder a cualquier precio, el desprecio por una de las naciones más grandes y vetustas del Mundo, gestada a lo largo de los siglos y cimentada con la sangre derramada y el sudor de generaciones de españoles que se pierden en el tiempo. Y, por último, la maquiavélica estrategia de aislar y estigmatizar a la derecha, aunque para ello hayan de aliarse con el mismísimo diablo.
En la anterior legislatura, la gobernabilidad de España pendía, entre otras fuerzas hostiles, de los herederos de la banda asesina ETA, cuya serpiente se llevó por delante las vidas de OCHOCIENTOS CINCUENTA ESPAÑOLES INOCENTES. No debería extrañarnos que el PSOE, aún siendo la segunda fuerza política, reedite idénticos pactos con la flamante incorporación de un prófugo de la Justicia.
La soberanía nacional reside en el pueblo español y sólo éste, exclusivamente éste, puede decidir sobre su integridad territorial y sobre todas las cuestiones inherentes a su propia esencia y naturaleza.
Si Sánchez quiere replantear las lindes y mojones interiores de España, lo tiene fácil. Sólo tiene que atender a lo previsto en el artículo 168 del texto constitucional (pues es en el título preliminar donde se explicita la indisoluble unidad de la nación española y se reconoce la titularidad del pueblo español sobre la soberanía nacional):
Artículo 168. 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección 1.ª del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
Cualquier atajo, triquiñuela o apaño desoyendo las previsiones del precepto citado, aún con el ulterior y eventual visado de un Tribunal Constitucional politizado hasta la náusea, constituiría un acto de alta traición a la nación y al titular de su soberanía: el pueblo español en su conjunto.
La Constitución del 78, previendo la decadencia y orfandad ética de las remesas de políticos que estarían por venir, debió haber blindado una radical independencia de la Justicia y garantizado, a la postre, una efectiva separación de poderes. Como lo hiciera la Ley Fundamental de Bonn, debió haber declarado la inconstitucionalidad de todo partido, asociación o agrupación que, programática o fácticamente, supusiera un peligro para la unidad e integridad de la nación española. La Constitución del 78, digo, debió haber sentado las bases de un régimen electoral inspirado en el principio de un español, un voto. Sin medias tintas ni complejos porque dar alas al enemigo de la nación es, sencillamente, de cretinos. Y, por último, debió haber garantizado la igualdad radical ab initio, en derechos y obligaciones, de todos los españoles sin que el lugar de cuna o residencia concediera ventajas, fueros o privilegios. Sólo quienes desconocen la Historia de España y quienes, desde su pusilanimidad, se inclinan ante el díscolo e ignoran al justo, pueden dar por buenas las desigualdades entre los propios españoles.
La solución, creo yo, pasa por no despojar del alma ni su derecha ni su izquierda pues la dejaríamos amputada. La solución pasa por recuperar el sentido cristiano de nuestra existencia colectiva e individual. La solución pasa por abrazar la ética personal y moral públicas para erradicar la ola de relativismo, codicia, decadencia, corrupción y banalidad que está barriendo el globo de este a oeste y de norte a sur. La solución pasa por considerar a España como nuestro destino universal y concreto y no como un mero protectorado a las órdenes de élites a las que nadie ha votado. La solución pasa por recuperar la ilusión de un sueño tantas veces soñado y otras tantas olvidado. Ese sueño se llama PATRIA, PAN Y JUSTICIA. Ese sueño se llama ESPAÑA.