La amnistía o el principio del fin de la democracia y la nación españolas
El indulto supone la condonación parcial o total de la pena. La amnistía va mucho más allá pues implica la inexistencia sobrevenida del delito. En la amnistía desaparece la responsabilidad penal y se eliminan los antecedentes penales, lo que explica su naturaleza absolutamente excepcional. Tal es así que las leyes de amnistía son aprobadas por gobiernos democráticos que suceden a estados totalitarios. Determinados hechos delictivos (no todos, naturalmente) cometidos en sociedades tiránicas obtienen con posteridad justificación política y jurídica. Al mismo tiempo, la amnistía certifica la falta de legitimación del Estado que enjuició y sentenció las condenas objeto de revisión. Podríamos decir que la amnistía supone un doble acto de contrición y reparación.
El indulto está desarrollado en la Ley de 18 de junio de 1870, mientras que la amnistía carece de regulación legal en nuestro ordenamiento. A falta de una norma explícita, habremos de tirar de la jurisprudencia, los principios generales del derecho, los tratados internacionales suscritos, la normativa comunitaria y la doctrina científica. El derecho penal pertenece al derecho público y, en consecuencia, ha de observar de forma escrupulosa los principios de legalidad, imperio, motivación y seguridad jurídica. La constitución, en su artículo 62 apartado i), atribuye al Rey el ejercicio del derecho de gracia (indulto), quedando explícitamente proscritos los indultos generales. Siendo esto así, por aplicación del principio hermenéutico “a minori ad maius”, se infiere la inconstitucionalidad de la amnistía. Si está prohibido lo menos (indultos generales), está prohibido lo más (amnistía, en tanto la forma más elevada del derecho de gracia).
Tengo ante mí la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía inicialmente formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (rechazada en su día) y las enmiendas transaccionales consensuadas con posterioridad en la Comisión de Justicia del 07/03/2024. Dichas enmiendas, que serán objeto de votación en el Pleno del Congreso en los próximos días (o que lo habrán sido ya cuando este artículo vea la luz), han sido rubricadas por los custodios de la indisoluble unidad de la Nación Española; a saber: PSOE, JUNST, EH-BILDU, EZQUERRA REPUBLICANA DE CATALUÑA, PLURINACIONAL SUMAR Y GRUPO VASCO. He extraído estos documentos de la página güeb del Congreso de los Diputados y aunque las arcadas se sucedían, pude finalizar las lecturas de sendas bazofias. El preámbulo de la Ley es un monumento a la ignorancia jurídica y, por encima de todo, un tributo a un cinismo difícilmente superable pues el promotor de la Ley (pesoe) arguye argumentos radicalmente contrarios a los que, sobre la misma cuestión, mantuvo con ferviente pasión hasta el pasado veintitrés de julio. Por descontado, la bancada socialista en el Congreso, sus altavoces mediáticos y los adeptos han aplaudido, con idéntico entusiasmo, una cosa y su contraria.
La ley y sus enmiendas contienen estudiadas previsiones y clamorosos silencios pues persiguen la absolución de delincuentes con nombre y apellidos concretos. Si usted es nacionalista catalán y directa, indirecta u oblicuamente, ha delinquido por la causa entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 del mismo de mes de 2023, no debe preocuparse. Tiempo ha que catalanes y vascos andan electoral, competencial y económicamente privilegiados. Es lo que tiene ser hijo pródigo; que Papá Estado compensa al díscolo y agravia al disciplinado ¿Y qué me dicen de la Historia? Como seguramente sabrán, los reinos de Castilla, Aragón, León y Granada apenas fueron suspiros de una noche de verano ¿Verdad, queridos?
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ya se opuso al indulto de los doce condenados de la causa del procés. La Sala de lo Penal, entre otros razonamientos jurídicamente irrefutables, decía al respecto: “las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”. “El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía”.
El informe cita a Jordi Cuixart que, en su respuesta a la Sala, afirmó que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito. Esas palabras son para el tribunal “la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual”.
Y si todo esto pensaba sobre el indulto, ¿qué no pensará sobre la amnistía?
La situación es grave; muy grave. España se enfrenta a un golpe de estado subrepticio y gradual donde los subfusiles y tanques han sido sustituidos por la colonización de las instituciones del Estado, la desviación de poder, la alianza con los enemigos confesos de la nación española, la propaganda y la subversión de la ley y del Estado de Derecho. A la despenalización, ad hoc y ad hominem, de la sedición y de la rebaja punitiva de la malversación y de los desórdenes públicos le siguió el indulto de doce delincuentes. El mismo gobierno que criminaliza a media España por pensar y votar diferente, ha establecido alianzas con los legatarios de la banda asesina ETA y recibe órdenes de un prófugo de la justicia. Ahora toca la amnistía. Mañana vendrán las exigencias de los nacionalistas vascos que aguardan impacientemente su turno, e inmediatamente después sendos referendos de autodeterminación. No se apuren pues el uso alternativo de la semántica, que tan bien dominan la siniestra y sus mercenarios desinformativos, servirá para hallar el correspondiente eufemismo. Tal vez lo llamen consulta periférica para coadyuvar a la paz definitiva en Euskalerría y Països Catalans, u otra sandez por el estilo.
Lo cierto es que el gobierno catalán ignoró las advertencias de un gobierno central legítimo; incumplió la Constitución y demás legislación de pertinente aplicación y desacató resoluciones judiciales. Los responsables de tales hechos fueron juzgados con todas las garantías procesales y, finalmente, condenados. Siete votos y una presidencia infame bien valían el indulto de doce delincuentes comunes. Una decisión que escupía sobre las togas de los jueces del Supremo. Pero no fue suficiente el perdón para quienes, lejos de arrepentimiento, mostraron soberbia y renovados ánimos por reincidir. A la Ley de Desmemoria Histérica y Selectiva (engendrada para criminalizar a media España decente) le seguirá la Ley de Amnesia moral y jurídica (parida para comprar una presidencia y blanquear a cuatro gatos xenófobos, insolidarios, ignorantes y desleales que han hecho del victimismo y del falseamiento de la Historia pretérita y actual un oficio magníficamente retribuido).
Sánchez desea ser Presidente de las Repúblicas Socialistas de la Expaña REPARCELADA y, por descontado, ASIMÉTRICA; esto es, desigual en derechos y privilegios. Muchos detestan a España y otros tantos la usan de señuelo para perpetrar sus fechorías. Los primeros son dueños de sus amores y fobias; para los segundos está Alcalá Meco; pongamos por caso. A pesar de la bienintencionada previsión constitucional, los españoles no somos iguales ante la Ley pues ejemplos hay para quien quiera ver y oír. Pero nunca, como hasta ahora, se nos había mostrado esta evidencia con semejante procacidad. Aquellos españoles que provoquen desórdenes públicos, malversen fondos, desoigan mandatos judiciales o ejerciten el terrorismo de mayor o menor intensidad serán juzgados y condenados pues, a diferencia de la pérfida excepción que nos ocupa, no tendrán de su parte un gobierno corrupto ni un fugitivo con semejante poder de interlocución.
No atisbo muchas razones para la esperanza pero me gusta pensar que será lo que el pueblo español decida, en tanto depositario único de la soberanía nacional. La Historia no sólo se estudia; también se escribe. Dadas las circunstancias, me temo que la Sala II del Supremo y quienes, de corazón y con razón, amamos España, depende que el relato de este tiempo sea una epopeya o un naufragio colectivo.