Podemos y el resto de partidos del equipo de gobierno llevará al Pleno una moción para que dimita Pedro Antonio Sánchez, presidente de la CCAA
Crónicas de Siyâsa/Podemos
Podemos Cieza, llevará a pleno junto con el resto de partidos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cieza, una moción para pedir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez o en su defecto que solicite una moción de confianza que revierta la situación definida por la ley de transparencia. Desde Podemos quieren poner de manifiesto una situación «grave que pone en peligro el prestigio de nuestras instituciones Regionales de las que formamos parte».
El pasado lunes, día 20 de febrero, se tuvo conocimiento del Auto dictado por el Magistrado Instructor ilustrísimo Sr. Don Julián Pérez-Templado Jordán, donde se cita a declarar, en calidad de investigado, por presuntos delitos de corrupción a Pedro Antonio Sánchez, Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
«La ley de Transparencia ‘Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en su articulo 54 que un alto cargo de esta región, si es imputado (investigado) por delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documentos publico, y malversación de caudales públicos, su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía, y esta ley es de obligado cumplimiento», consideran fuentes de la formación política.
Asimismo, «el presidente Regional del Partido Popular Pedro Antonio Sánchez está formalmente imputado / investigado en el caso Auditorio, por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad de documento público y malversación de caudales públicos. Éstos son claros delitos de corrupción, no simples cuestiones de errores administrativos. Como ciudadano, Pedro Antonio Sánchez tiene la total presunción de inocencia, pero como presidente de nuestra Comunidad Autónoma tiene la obligación legal de asumir su responsabilidad como máxima figura institucional», afirman.
«Pero ademas -continúan-, tiene un contrato verbal con todos los ciudadanos de la región, pues en plena campaña electoral, Pedro Antonio Sánchez prometió si lo imputaban por el caso Auditorio, dimitiría. No puede seguir dañando la imagen y el buen nombre de la Región de Murcia, tal y como dice nuestra ley de transparencia, ser imputado es incompatible con preservar el prestigio de las instituciones».
Por todo ello, «destacamos la trascendencia social de un caso, el ‘caso auditorio’, en la que un ayuntamiento presidido por el que fue alcalde de su localidad Pedro Antonio Sánchez, ahora presidente de la comunidad, proyectó un complejo de 10.000m² para los 13.000 habitantes de su localidad. La definió como una infraestructura necesaria para localidad’. Liquidó y dio por terminadas unas obras, con un 38% de obra sin ejecutar. Un moderno auditorio recubierto de paneles de colores rojos y verdes, rodeado de zonas verdes, que hoy es un triste edificio de ladrillo, hormigón y acero frente a un descampado. Pero la indecencia no está solo en que no se terminasen las obras. El Ayuntamiento recibió primero una subvención para cubrir su coste y luego saldó la deuda echando mano del Plan de Pago a Proveedores de 2012. Es decir; pagó dos veces por lo mismo. La jueza que instruye el caso Auditorio abrió a finales del año pasado una pieza separada para investigar qué ha pasado con los 6 millones de euros de la subvención».
«También hay que sumar, ademas del delito de malversación de caudales públicos porque el Ayuntamiento adjudicó las obras por 340.000 euros más del precio del concurso, otro de fraude a la Administración por dar por terminadas unas obras inacabadas. Ademas no consta documentación alguna acreditativa del encargo del anteproyecto con el arquitecto Matin Lejarraga, también imputado en la causa, ni se realizó pago alguno por su redacción, y por supuesto sin convocar concurso. Estas acusaciones durisimas del Fiscal jefe de Murcia, concluyen con un ‘Para Pedro Antonio Sánchez, la ley significaba poco menos que papel mojado, dejándolo en una situación comprometida ante la justicia», recalcan desde Podemos.
«Nuestro Gobierno regional, con esta imputación, cuenta ya con dos miembros investigados por la Justicia por casos de corrupción política: el citado presidente Pedro Antonio Sánchez, investigado por los casos Auditorio, Pasarela y Púnica, y la consejera de Medio Ambiente y Agua, Adela Martínez Cachá, investigada por el caso Guardería. Ambos, deberían afrontar sus defensas ante los tribunales como unos simples ciudadanos más, sin aforamientos ni demás protecciones especiales. Desde Podemos no solo pedimos su dimisión, si no que debemos aprovechar el momento para la eliminación de la figura del aforamiento con el fin de que todos y todas seamos iguales ante la ley», finalizan.