LOS PRESUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2023
El Consejo de Ministro ha dado luz verde a los presupuestos generales del Estado 2023. A partir de ahora necesitarán su aprobación en sede parlamentaria, por lo que el Ejecutivo de España tendrá que negociar con sus socios de investidura para que finalmente lleguen a buen puerto.
Estos presupuestos han vuelto a mostrar las diferencias entre los dos socios de Gobierno (PSOE y Podemos), principalmente en las materias de vivienda y de gastos de defensa. Unas diferencias que están siendo latentes (en algunos casos escenificadas y magnificadas) a lo largo de toda la legislatura, pero que no les está impidiendo llevar la misma hacia adelante.
Analizando los presupuestos y las partidas que se ven incrementadas, se pueden catalogar como unos presupuestos sociales en una complicada situación económica, a nivel europeo, debido a la galopante inflación a la que guerra entre Rusia y Ucrania y la especulación de los mercados está conduciendo a la ciudadanía.
Las partidas que más aumentan son las de pensiones, gastos de los funcionarios, desempleo, ayudas a la dependencia y gastos de defensa. Las cuatro primeras claramente son medidas sociales con el objetivo de “no dejar atrás a nadie” en esta época inflacionista que estamos padeciendo. La última, según los socialistas, viene marcada por la situación bélica y las exigencias de la OTAN, y esta es la que ha provocado nuevamente tiranteces con Podemos, que no está de acuerdo en dicho aumento e incluso ha alegado desconocimiento sobre la cifra total.
Por su parte, el PP, el principal partido de la oposición, los cataloga de “irreales”, debido a la situación actual y a las previsiones de crecimiento económico para el próximo año, y de “electoralistas”, de cara a las elecciones generales del próximo año. En realidad, todas las acciones que llevan a cabo las formaciones políticas tienen un carácter electoralista; la diferencia estriba en si también se persigue el bien común de los ciudadanos y de si se pueden llevar a cabo.
De esta forma, consideramos que estos presupuestos son acertados, ya que están pensados para el bien común de los ciudadanos y ciudadanas y tienen como objetivo redistribuir la riqueza, lo que los diferencia enormemente con los que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento cuando, en época de crisis económica, abogó por la manida austeridad que abocó al sufrimiento a innumerables familias en España.
Sin embargo, los populares siguen apostando por la bajada de impuestos (a quienes más poseen) que solo puede contribuir al déficit de los servicios estatales que son tan necesarios para el conjunto de los españoles y españolas. Parece que no han tomado buena nota de la marcha atrás que ha tenido que realizar el Gobierno británico con esa misma medida porque les abocaba a una crisis económica. De hecho, al principio alabaron la medida de la primera ministra británica y ahora se desmarcan de ella alegando que no son las mismas medidas.
Es evidente que el Gobierno de España no está teniendo una legislatura plácida. Nadie esperaba que al poco de iniciarse la misma surgiera una pandemia mundial y posteriormente un conflicto bélico a las puertas de Europa que conllevase una disparatada inflación. A ello, además, se le deben unir las lógicas desavenencias de un Gobierno de coalición que también necesita el apoyo de socios minoritarios pero imprescindibles. Aun así, el Gobierno central está solventando los grandes obstáculos con los que se ha encontrado y tiene la valentía de presentar unos presupuestos sociales. Este tipo de medidas son dignas de elogiar, puesto que priorizan y ponen el foco en quienes más lo necesitan: la mayoría de los españoles.