Saorín considera un paso importante que se modifique la ley para prohibir los 902

El concejal de Consumo destaca que «los servicios de atención al cliente no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas»

Crónicas de Siyâsa/Concejalía de Consumo

El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, prepara una modificación de la ley para prohibir los números de tarificación adicional, los conocidos 902, al considerar que “los servicios de atención al cliente no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas”. En este sentido, la modificación de la actual ley prohibirá “cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente” de los que los más extendidos son los 902.

En un comunicado de prensa, el concejal de Consumo del Ayuntamiento de Cieza, Francisco Saorín, ha informado que con la modificación de la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que se está ultimando en el Ministerio de Consumo, “los consumidores dispondrán siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas, con lo que se acabará con abusos y sobrecostes en las facturas mensuales de teléfonía, de los que se beneficiarán toda la población, especialmente, aquella con menos recursos”.

Asimismo, el concejal de Consumo ha destacado que se tenga previsto abrir un proceso de consulta pública a la ciudadanía y trabajo con las asociaciones de consumidores y sociedad civil, subrayando que «los servicios de atención al cliente no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas».

Saorín ha insistido en que el “acceso a una atención eficaz, transparente y de calidad y una información completa, veraz y accesible en los Servicios de Atención al Cliente, Quejas, Reclamaciones e Incidencias, no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor y estos no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico”.

«Informarte, consultar o reclamar a una empresa no puede suponer un sobrecargo en las facturas mensuales, sean clientes o no», según el concejal de Consumo, que recuerda que las asociaciones en defensa de los derechos de las personas consumidoras llevan más de una década pidiendo el fin de estos números de tarificación especial.

Finalmente, Saorín ha recordado que FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado que «el fraude de las líneas de atención al cliente con prefijo 902 provoca perjuicios millonarios a los usuarios ante la pasividad de las autoridades de consumo de las comunidades autónomas», precisando que “se trata de líneas de alto coste con las que multitud de empresas vulneran la legislación de defensa de los consumidores. En muchos casos, obtienen beneficios por cada llamada recibida, una práctica también prohibida por la normativa de telecomunicaciones”.

 

 

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