Saorín celebra que el Ministerio de Consumo prohíbe los ‘902’ en la atención al cliente «por abusivos»

El concejal de Consumo informa que los sobrecostes en las llamadas para hacer consultas a las empresas de servicios básicos empezarán a desaparecer

Crónicas de Siyâsa/Concejalía de Consumo

Los sobrecostes en las llamadas para hacer consultas a las empresas de servicios básicos han empezado a desaparecer desde este 22 de diciembre, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un Real Decreto-Ley que modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para poner fin a los ‘902’ como teléfonos en la atención al cliente. El ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, ya había adelantado hace unos meses sus intenciones y este martes ha acabado con una práctica que entendían como abusiva.

En un comunicado de prensa, el concejal de Consumo, Francisco Saorín, ha declarado que “con este cambio, los servicios telefónicos de las empresas que prestan servicios básicos de interés general tendrán que disponer de un número gratuito para que los usuarios realicen sus consultas sin tener que pagar el sobrecoste que generan estas líneas de tarificación adicional”.

Saorín ha concretado que se trata de “un amplio panorama de compañías entre las que se encuentran aquellas que prestan suministros fundamentales como el agua, el gas o la electricidad, pero también otros más específicos como los financieros, seguros, postales, transportes, salud, saneamiento o residuos”.

Asimismo, el edil ha subrayado que, además, “el resto de empresas deberá contar siempre con un número de teléfono fijo o móvil de atención al cliente”. Se trata de líneas que suelen estar incluidas en las tarifas planas que ofrecen las compañías y que por tanto no tendrían un coste extra.

Saorín ha recordado que desde el departamento de Alberto Garzón entendían que era necesario acabar con estos números por “abusivos”, pero también por suponer una barrera para las rentas más bajas.

El concejal de Consumo, ha aseverado que se trata de una medida que considera “de justicia social y que sigue la estela de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en 2017 declaraba ilegales estos servicios al interpretar que no deben exceder el precio de una llamada estándar”.

Finalmente, Saorín ha recordado que el Ministerio de Consumo ya había adelantado en septiembre sus intenciones y tras el pertinente proceso de consulta pública con la ciudadanía y las asociaciones, ahora ha plasmado sus intenciones en el Consejo de Ministros.

 

 

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