Estamos asistiendo a una semana intensa, al menos judicialmente. Que la justicia en España va lenta es un hecho innegable al igual que la salida y la puesta del sol. Algo cotidiano, pero al igual que los amaneceres no deja de asombrarnos, y en este caso concreto no es por su belleza precisamente. También está establecido que la justicia es ciega (o eso dicen), a pesar de que hace distinciones en virtud del peso de la bolsa del sujeto encausado. Habría que preguntar a Urdangarines, Blesas, Ratos y demás especímenes.
Pues estos días estamos asistiendo a un hecho insólito, una especie de ‘ave raris’ que como el cometa Halley pasa cada 76 años o más. El presidente de España, el ínclito Rajoy, ha sido citado como testigo del caso Gurtel. En la historia de la democracia solo otro presidente se ha visto en las mismas: el polifacético consejero del IBEX 35 Felipe González tuvo que acudir al estrado por el caso GAL. Y son los dos únicos porque, claro está, a ver quien era el guapo de llevar a sus predecesores, entiéndase Paquito Pantanos y las estirpes austríaca y borbónica, ya que eran más bien estos los que llevaban a uno contra el paredón (en mi caso al cadalso) sin juicios ni prevendas varias. Con los segundos Montesquieu no había nacido y con el primero era lo que hoy en día se denomina leyenda urbana.
Aunque lo realmente insólito, a estas alturas de la película (o culebrón) no debíamos asustarnos por nada, es la defensa que ha realizado su partido de tan honorable testigo. Alegan que se ha cometido un abuso de poder por parte del cuerpo judicial. Y yo, que soy proclive a averiguar de lo que se habla, he buscado la definición del vocablo en cuestión, y el Código Penal, en su artículo 22, reza tal que así: «Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. Dicha superioridad puede venir dada, por ejemplo y precisamente, por el hecho de ejercer un cargo de autoridad o poder».
Resulta cuando menos curioso que el Partido Popular considere esta actuación judicial como un abuso de poder, y máxime cuando ha sido nombrado por los imputados (investigados queda más light y a mí me gusta el tocino) Bácenas y Correa. Además, ¡qué carajo!, de ser el jefazo de su partido (y de España) que algo tendría que conocer del asunto si no es un incompetente total. Digo que es curioso cuando para los casos «aislados» de corrupción del partido (sí, las célebres ranas y manzanas podridas) han solicitado la cautela judicial y han invocado a la presunción de inocencia.
Yo, que no soy un literato ni me he puesto una toga en la vida, les querría preguntar si no consideran un abuso de poder que el Fiscal General de España nombre como Fiscal Anticorrupción a una persona tan afín a su partido que trata de obstaculizar la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Si acaso, para no irnos muy lejos, no es abuso de poder que la Fiscalía General del Estado ordene no seguir adelante con la investigación al expresidente de Murcia, el plurimputado Pedro Antonio Sánchez,en contra del criterio de las fiscales encargadas de la Púnica. O que el fiscal no quisiera, contra viento y marea, sentar en el banquillo a la infanta más ignorante que ha conocida la historia de España, ya que, aunque ha ido a las mejores universidades y estuviera contratada por La Caixa, desconocía lo que pasaba en su casa. Y para más inri, acaso no es abuso de poder recortar en Sanidad y Educación; rescatar bancos con dinero público; desahuciar personas; privatizar lo público en beneficio de amiguetes y perjuicio de los ciudadanos; recortar los derechos laborales; y subir el IVA, que lo tiene que pagar todo hijo de vecino, mientras los impuestos de las sociedades permanecen inalterables (aparte de los entresijos fiscales de Panamás, Islas Caimanes y otros idílicos paraísos terrenales y económicos).
Por desgracia, es muy típico en este país ensalzar al sistema judicial cuando nos favorece y dudar de él cuando es contrario a nuestros intereses. Con estas actitudes solo logramos mancillar nuestras propias instituciones. Aunque mientras en determinados órganos judiciales los jueces sean nombrados por los partidos políticos la esencia de la división de poderes estará en entredicho.
De todas formas, no deberían preocuparse mucho, por el momento. Rajoy solo va como testigo (eso sí que es una buena broma) y podrá declarar, si quiere y como nos tiene acostumbrados, a través de una pantalla de plasma. Sin tener que pasar el bochorno de acudir al juzgado y dar la cara ante la ciudadanía a la que se debe. Pero no deberíamos quejarnos porque esto es lo que se ha votado y así es la democracia «poltronista» española. Alea jacta est.