En Cieza, a principios de los setenta, fue prohibida la representación de Jesucristo Superestar y los actores detenidos momentáneamente durante un ensayo. Es sólo un ejemplo de la implacable, pero al mismo tiempo ridícula, censura imperante en la época. En aquellos años agónicos del final de la dictadura todavía se afanaba el régimen en echar el tablacho al torrente de libertad que lo desbordaba. Inútilmente, claro está. La fijación enfermiza de los poderes dictatoriales por censurar manifestaciones artísticas ha sido una constante suficientemente estudiada y analizada como para volver una vez más sobre ella. Debería sorprender, sin embargo, que esos ramalazos autoritarios sigan vigentes en periodos llamados democráticos.
Que con pocos días de diferencia se haya producido la condena de cárcel al rapero Valtònyc, el secuestro del libro Fariña, y la retirada, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, de la obra de arte Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra, debería darnos qué pensar. Porque nos retrotrae, de algún modo, a aquella España inquisitorial y a situaciones tan ridículas como aquella prohibición de la opera-rock supuestamente subversiva.
Ciertamente, la libertad de expresión debe tener algún límite, aunque uno prefiera quedarse con el lema sesentaochista de “Prohibido prohibir”. Pero no cualquier límite. El propio Tribunal Constitucional la considera, de hecho, como una de las bases del principio de legitimidad democrática. Que ampara no sólo lo que no nos gusta sino también lo que pueda ofender a una parte de la sociedad. Así de grande e irrenunciable es la libertad.
¡Claro que los versos por los que ha sido condenado Valtònic son execrables, odiosos, y deberían merecer algún tipo de sanción, pero de ahí a meterle tres años y medio de cárcel a este rapero por enaltecimiento del terrorismo va un trecho! Tanto más cuando se sabe que las canciones de rap no son nanas para dormir a los niños sino poemas de una música transgresora nacida en Estados Unidos, con letras incendiarias, para denunciar los crímenes racistas de Estado.
No hace tanto, en los 80 y 90, sin ir más lejos, en España corrían otros vientos de libertad. Nuestra joven democracia entonces lo permitía casi todo. Tip y Coll, por ejemplo, hacían chistes a cuenta del asesinato de Carrero Blanco por ETA, y aquí no pasaba nada. Y si pasaba, se aplicaba otro principio básico, que no es otro que el de la proporcionalidad.
No es de extrañar, pues, que sea el mismísimo “The New York Times” quien advierta del creciente riesgo que corre la libertad de expresión en España. La España de Rajoy de hoy y aquella de la dictadura que censuraba Jesucristo Superestar comparten demasiados tics autoritarios para que no empiecen a saltar algunas alarmas. Si hay tirititeros o músicos encarcelados por sus sainetes o canciones, libros secuestrados porque molestan a alcaldes condenados por blanqueo, o cuadros censurados porque contienen rostros de políticos independentistas encarcelados, apañados vamos.
Las sucesivas reformas de los últimos años encaminadas a restringir los derechos y libertades están poniendo la libertad de expresión en España al pie de los caballos. La que más, la infumable Ley Mordaza, pensada, para controlar la propagación de las protestas durante la crisis y doblegar al movimiento contestatario. Una denostada ley de “seguridad pública», objeto de un gran rechazo social, que sigue imponiendo un gobierno en minoría, y con la que se están cometiendo los mayores abusos.
Su aplicación indiscriminada contra vecinos y vecinas que han protagonizado estos últimos meses las protestas contra la llegada del AVE sin soterrar, y del muro que dividirá la ciudad de Murcia en dos, resulta de una obscenidad aterradora. Basta con que se junten 20 vecinos al lado de las vías sin haberlo solicitado con 15 días de antelación para que se considere manifestación “ilegal” y lluevan multas, sanciones, detenciones y a veces hasta palos. Bernabé, como delegado del Gobierno, no sólo busca acallar bocas, cercenar libertades y pisotear la democracia, sino que además se propone hacer caja “atracando” a los vecinos. ¿Cómo, si no, se explica que hayan sido impuestas en los últimos meses más de 40 multas por un importe de 30.000 euros a miembros de este colectivo vecinal por participar en movilizaciones a las que llevan acudiendo desde hace más de treinta años? Multas destinadas a amedrentar a amas de casa, pensionistas, parados, jóvenes estudiantes, condenándolos a la quiebra económica.
Ley Mordaza, censura artística, represión del movimiento vecinal. Ya sabemos quién teme a la libertad de expresión en España. E incluso intuimos por qué.
jajaja
ahora no se puede osar a criticar cierto lobby
menos lobos