Podemos denuncia «la corrupción que el PP ha instalado en España»

La formación política advierte que «día a día aumenta la situación de excepcionalidad democrática y de emergencia social a las que nos ha traído el PP»

Crónicas de Siyâsa/Podemos

Podemos Cieza expresa, mediante un comunicado de prensa, que «es responsabilidad de los políticos impulsar los mecanismos que prevé la Constitución para acabar con la situación de excepcionalidad democrática y de emergencia social a las que nos ha traído el PP.  Y para esto nació Podemos. La democracia sólo puede sustentarse en el efectivo respeto de los derechos humanos, en el ejercicio de las libertades y en la participación de la gente en el poder político, en el marco de la responsabilidad legal y política de los representantes públicos».

En esta línea, la formación política denuncia que «el establecimiento de estructuras delictivas dentro del actual partido del Gobierno, el Partido Popular (el partido mas corrupto de Europa) en connivencia con algunos de los principales poderes económicos y financieros, ha consolidado una trama económica, política, empresarial y mediática al servicio del saqueo de lo público en beneficio de un quid pro-quo de favores, millones y opacidad».

«Como consecuencia de años de gobierno orientado al beneficio de esta trama giratoria de cargos públicos y privados -continúan-, la situación social ha ido agravándose en un continuo proceso de desprotección y desposesión de derechos que ha llevado a que en la actualidad más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras estén por debajo del umbral de la pobreza. Con más 1,3 millones de personas sin ningún ingreso la mala alimentación y el hambre afectan a más de 1 millón de personas con una tasa de exclusión social de 5.6 puntos por encima de la media europea».

Por ello, consideran que «las reformas legislativas extienden y normalizan la desigualdad creando un perfil de ciudadanía en estado de precariedad donde ya más de 6 millones de personas, sin ser pobres, se encuentran en situación económica precaria. Pero el último estadio del proceso de conquista de esta trama es el control mediante la perversión de los nombramientos de las figuras de defensa de la legalidad».

Asimismo, «el reparto de los órganos de poder judicial en consonancia con la omnipresente figura del aforamiento había permitido a los políticos elegir a sus propios jueces y la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal hacía materialmente más difícil poder condenar a los culpables acortando los plazos en los complejos casos de corrupción. Estos días hemos visto como se han ido seleccionando a los fiscales en función de su capacidad para amortiguar los efectos de las investigaciones policiales, penalizando groseramente a quienes cumplen escrupulosamente la legalidad y premiando a los más dóciles con los intereses protectores del partido de gobierno, en una especie de acción ejemplar adversa a los intereses de la legalidad».

Desde Podemos afirman que «mientras las cloacas del Ministerio del Interior se dedican a contaminar procesos judiciales por encargo y a calumniar a opositores políticos, esta nueva fase ha supuesto dejar en sus manos la corrupción de algunos jueces a través de supuestas instituciones de formación para crear estructuras clientelares en la judicatura. Vemos ahora en los sumarios como los presuntos delincuentes políticos reciben chivatazos tanto del Ministerio del Interior como de algunos jueces. Vemos en suma que las estructuras de control, la policía, la fiscalía, la judicatura empiezan a verse contaminadas por esta trama corrupta».

«Ante la resistencia, que sólo puede calificarse como heroica, de tantos funcionarios que están dispuestos a jugarse su carrera en defensa de la legalidad, el estado de derecho y la democracia, los representantes políticos de una ciudadanía asqueada no pueden cerrar los ojos ante la excepcionalidad política en que nos encontramos. Si los miembros de esta trama política, económica, policial y mediática consiguen colonizar las últimas estructuras de control, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la fiscalía y la judicatura, como han hecho con la política, la economía y los grandes medios de comunicación, la impunidad será la norma y la verdad cada vez más una excepción. En el Informe 2016 de Transparencia Internacional, España es percibida como de uno los países más corruptos».

Por tanto, «es un deber de la ciudadanía en su conjunto no conformarse con este cierre en falso de las investigaciones, con el silencio de las informaciones, con el sobreseimiento de los procesos judiciales por el vencimiento del plazo de la Ley Berlusconi. Es un deber de la ciudadanía en su conjunto apoyar a esos  fiscales que se rebelan contra las maniobras del responsable de la Fiscalía Anticorrupción, a esos jueces que resisten presiones, a esos secretarios que denuncian la corrupción, a esos periodistas que investigan lo que ningún gran medio les va a publicar».

Finalmente, «es en este sentido en el que se convierte en un inexcusable deber ético para los representantes políticos censurar al Gobierno también en el Parlamento, poniendo fin definitivamente a esta etapa de contaminación delictiva de todas las estructuras del Estado, para iniciar un proceso de regeneración democrática que devuelva no sólo su independencia a las estructuras de control de la legalidad sino también el control político del Gobierno a la ciudadanía, como único modelo de que la acción política se oriente a la defensa de las sociedad en su conjunto y los ciudadanos y ciudadanas logren recuperar sus derechos».

 

 

 

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