Habrá topes legales a los precios del alquiler, una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida y recargos en el IBI para las viviendas vacías
Crónicas de Siyâsa/Podemos Cieza
Justo antes de la reunión del Consejo de Ministros del martes 5 de octubre se alcanzaba el acuerdo definitivo entre los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos. “Tras semanas de intensa negociación, intensificada en los últimos días, está cerrado el pacto presupuestario. Habrá presupuestos generales en los plazos previstos, lo que permite albergar fundadas esperanzas de que la coalición de gobierno llegue a agotar la legislatura, y habrá una ley estatal de vivienda social y progresista, orientada a disminuir los desorbitados precios del alquiler, como exigía Unidas Podemos”, apuntan fuentes de la formación morada.
En esta línea, Podemos Cieza celebra el acuerdo logrado que, como señala su portavoz Maribel Aguayo, “no ha resultado nada fácil, pues han sido muchas y muy fuertes las presiones para que Unidas Podemos se apeara de sus pretensiones”. Es preciso resaltar, en su opinión, “el papel jugado por Ione Belarra en este proceso negociador, demostrando su capacidad de liderazgo, su claridad de ideas, su resistencia a las tensiones y, finalmente, llevándose el gato al agua”.
El contenido del acuerdo sobre la Ley de Vivienda ha sido dado a conocer en sus líneas esenciales, siendo lo más destacable “la limitación legal del precio del alquiler para los grandes tenedores propietarios de diez o más inmuebles en las zonas tensionadas”. Una limitación que podrán aplicar las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en la materia. En cuanto al resto de pequeños propietarios, “se ha acordado la congelación de precios e incentivos fiscales para quienes lo reduzcan”.
Otros aspectos del acuerdo sobre vivienda son “una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida, de la que la mitad se destinará para alquiler social, y un recargo del IBI de hasta el 150% para las viviendas vacías, una medida cuya aplicación quedará en manos de los ayuntamientos”.
En opinión de Maribel Aguayo, “el acuerdo del martes marca un antes y un después en materia de vivienda y alquileres en nuestro país, y abre paso a una nueva fase en la que las políticas autonómicas y municipales serán decisivas”.
En efecto, “el Gobierno de la nación cumple un papel fundamental diseñando un marco jurídico nuevo donde las comunidades autónomas y los ayuntamientos dispondrán de potentes herramientas para hacer valer el derecho constitucional a la vivienda, pero, en última instancia, la aplicación de estas medidas dependerá, en la mayoría de casos, de las administraciones locales y regionales, por lo que en un futuro próximo todo el mundo tendrá que retratarse y mostrar si se está o no a favor de un derecho efectivo a la vivienda para todos”.
Por otra parte, el acuerdo contempla la inclusión en los Presupuestos de un plan especial para favorecer las posibilidades de emancipación de los jóvenes entre 18 y 35 años, “consistente en un bono anual de 250 euros para todos los integrantes de este colectivo que cobren menos de 23.725 euros al año”, concluye la portavoz.