Hoy les hablaré de un tema apasionante que suscita enconadas e irreconciliables posturas. Si de nuestra jefatura del Estado queremos hablar con un mínimo de seriedad, la historia y la juridicidad, aunque a pinceladas, han de estar presentes en esta reflexión. Allí donde hay controversia política, fuere por razones ideológicas o planteamientos secesionistas, planea la disquisición monarquía versus república.
La legitimidad de nuestra monarquía parlamentaria, como del resto de nuestras instituciones, es indiscutible. El 6/12/1978, el pueblo español, con prácticamente un noventa por ciento de votos a favor, aprueba en referéndum la Constitución Española. Ésta entraría en vigor unos días después, concretamente, el veintinueve de ese mismo mes. Nuestra monarquía parlamentaria, al igual que la mayoría de las europeas, se asienta sobre un principio esencial: El rey reina pero no gobierna. Es decir, el poder verdadero recae en el poder ejecutivo (gobierno) y en el legislativo (cortes generales) La casi totalidad de los poderes del monarca son aparentes pues precisan ulterior refrendo. Al monarca se le reservan funciones o facultades no menores: es el símbolo de la unidad e integridad de España; es nuestra más alta personalidad en misiones diplomáticas (singularmente con Hispano-América) y debe velar por el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Pero contemos toda la verdad. Si bien, y como se ha dicho, nuestra monarquía parlamentaria es ajustada a Derecho, no podemos desdeñar la génesis de este proceso porque es ahí donde surgen los primeros problemas. En julio de 1969, a propuesta del Caudillo y por abrumadora mayoría de los procuradores franquistas, el infante Juan Carlos es nombrado sucesor en la jefatura del Estado. Es curioso pero los falangistas optaron por Juan Carlos mientras que los monárquicos lo hicieron por el Conde de Barcelona.
Franco muere el 20 de noviembre de 1975; dos días más tarde, las cortes nombran, como Jefe del Estado a título de Rey, a Juan Carlos I. El Monarca nombra a Arias Navarro presidente del Gobierno que, por no concitar los apoyos debidos para liderar las reformas por las que clamaban la sociedad y la oposición política, pronto se ve obligado a dimitir. Don Juan Carlos, en una de las mejoras decisiones de su reinado, nombra Presidente del Gobierno a un joven y prometedor Adolfo Suárez. Comienza así un tiempo tremendamente complejo y fascinante que culmina con la aprobación de nuestra Carta Magna y el inicio de muestra democracia soñada. El Rey, depositario del inmenso poder legado por Franco, decidió devolver ese mismo poder al pueblo soberano. Quienes hemos tenido la fortuna de estudiar la transición en profundidad, sabemos que el Rey Juan Carlos prestó un servicio a España de tal magnitud que solo desde una distanciada perspectiva histórica se podrá apreciar con justicia. En lo que a mí concierne, los errores de sus últimos años no desdibujan, ni un ápice, su innegable contribución a la democracia española.
A la vista de los hechos, si bien es cierto que la legitimidad de nuestra monarquía parlamentaria emana de nuestra Ley de Leyes, no es menos verdad que el camino recorrido tiene un punto de partida que los republicanos no están dispuestos a olvidar: la designación de Juan Carlos I por parte del Caudillo y su posterior proclamación por los procuradores franquistas.
Dicen que estamos condenados a conocer y comprender la Historia para no incurrir en los mismos errores. Creo que ésta, como todas las frases hechas, no son más que aproximaciones simples de una realidad demasiado compleja. Percepciones nostálgicas y distorsionadas aparte, podemos colegir que la Primera y Segunda Repúblicas fueron, en términos generales, un fiasco. Lo cual no quiere decir que una eventual Tercera República hubiese de correr idéntica ventura.
Me gusta nuestra monarquía parlamentaria; valoro enormemente su contribución a España y creo en su utilidad e idoneidad para nuestra convivencia y prosperidad. Reconozco, también, que mis razones son más pragmáticas que intelectuales y que la verdadera legitimidad de la Corona hay que buscarla en la ejemplaridad, en la integridad y en la honestidad. No podemos elegir al Rey; por eso ha de ganarnos cada día.
Las Leyes, singularmente la Constitución, han de tener vocación de permanencia pero no son inmutables; antes al contrario, deben adaptarse a los tiempos y ser un fiel reflejo de la sociedad a a la que sirven.
Les contaré dos íntimas convicciones. Creo que ha llegado la hora de abrir una segunda etapa constituyente; la sociedad, en cuanto comunidad política, no puede ser privada de su derecho a ser consultada sobre asuntos tan capitales como controvertidos. Es momento de cerrar heridas, de que esas destructivas sensaciones de victoria o derrota desaparezcan para siempre. Creo en la Monarquía Parlamentaria mas si un día mi país decidiera ser una república, su Presidente tendría mi lealtad. Estén seguros de ello.
España necesita que su pueblo se sienta español. No hablo de ese sentimiento casposo, xenófobo, supremacista y excluyente. Les hablo, naturalmente, del sano orgullo por pertenecer a una comunidad que comparte un territorio, una Historia, un árbol genealógico y un sueño colectivo.
Tengo la indubitada sensación de que muchos no desean una república sino su república. La república, per se, ni resolverá nuestros problemas ni debiera ser usada cuan arma arrojadiza contra los que piensan diferente. Con la república ocurre lo que con las monarquías; que las hay bananeras y también modélicas.
Los franceses, alemanes, noruegos, suecos o ingleses no son mejores porque, por jefes del estado tenga monarcas o presidentes, si no porque , ante todo y sobre todo, son una nación. Naciones plenamente democráticas que no cuestionan sus instituciones dependiendo de quiénes las ocupen en un determinado momento. Hagamos un ejercicio de abstracción. Imaginemos que España es una República y que el Sr. Aznar, vergigracia, es elegido Presidente de la República. Quienes hoy suspiran por un régimen republicano, ¿reconocerán la legitimidad del Sr. Aznar o sentirán que éste mancilla, con su presencia, tan anhelada institución? Respondan con sinceridad a esta pregunta y hallarán la esencia de cuanto he pretendido decir.
Fdo. José Antonio Vergara Parra.
Ex-alcade de Cieza.
