Libertad individual
Desde este lunes es obligatorio en varias regiones de España el uso de mascarilla sanitaria en todos los espacios públicos, incluida la calle, en un intento de evitar una nueva expansión de contagios por el dichoso COVID-19 o coronavirus; bajo amenaza de sanción administrativa de 100 euros en caso de no observar la norma. Es curioso como hemos pasado, en pocos meses, de los consejos del responsable del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias del ministerio de sanidad, Fernando Simón, quien explicaba que no era necesario el uso de mascarilla, es más, que podría incluso ser contraproducente al provocar falsa sensación de seguridad, a la obligatoriedad de su uso generalizado menos en el ámbito privado del hogar, con alguna salvedad excepcional, como restaurantes, playas, piscinas, o personas con dificultades respiratorias.
En mi coyuntura personal, tras observar el marzo el cariz que estaba tomando la situación, desde el primer día de confinamiento salí de casa con mascarilla y guantes higiénicos. Gracias al desprestigio de las instituciones públicas, claramente al servicio del gobierno de turno y no del ciudadano, fui incapaz de dar crédito estas recomendaciones; ver por televisión durante años a la población de países afectados por estas enfermedades con su mascarilla era una pista demasiado evidente. Fui el único de la familia que estuvo saliendo a hacer compras y la verdad que el miedo al contagio era muy elevado, como no podía ser de otra manera, toda precaución me parecía poca. Alguna discusión tuve con mis hijos a cuenta de la mascarilla, no solo por ellos, que también, sino porque el riesgo del contagio al resto de la familia era seguro en caso de infección. No podía esperar, de ninguna manera, la elevada cifra de muertes que se produjeron a continuación por todo el país.
En este contexto, todos vimos razonable la aprobación, casi por unanimidad en el congreso de los diputados, de un estado de alarma que nos encerraba en nuestras casas salvo por contados motivos justificados, como adquirir productos esenciales y trabajar en sectores específicos. Más tarde, cuando empezaron a relajar las medidas se permitió a la población salir a hacer deporte, eso sí, en franjas horarias diferenciadas por edad y con toque de queda a las 11 de la noche, medidas sin mucho sentido ni justificación, para mi gusto. Consienten comprar a cualquier hora en supermercados atestados de personas, mientras que no se transige con hacer deporte en lugares apartados fuera de los núcleos urbanos. O que los niños solo puedan salir en las horas centrales del día. O paseando, como un rebaño bien entrenado, todos en el mismo sentido con policía vigilando la coreografía. Curioso fue el suceso de un señor que se escapó a una solitaria playa recóndita y hasta allí se desplazó la autoridad en helicóptero para entregarle la correspondiente multa; ¡en helicóptero! Seguro que el gasto fue 100 veces más elevado que la multa impuesta.
Por otro lado, el gobierno del PSOE registró en junio en el congreso de los diputados una propuesta que solicitaba «la eliminación gradual de los pagos en efectivo, con el objetivo de su desaparición definitiva”. No sé en qué puede beneficiar al gobierno esta medida, ya que solo complica la vida a la ciudadanía, especialmente a los grupos sociales más vulnerables; o si quizás se trata de la demanda de algún grupo de presión, como los expendedores de tarjetas y de otros medios de pago electrónico. Por suerte, esta iniciativa es contraria a la normativa europea: aun así, imaginad un gobierno que sabe todo lo que compramos, donde lo compramos y cuando lo compramos: el sueño futurista de escritores de ciencia ficción grillados hecho realidad. Y aunque el propósito de este gobierno fuera honrado, solo hay que figurarse gobiernos venideros con intenciones menos altruistas.
En el CIS de abril estaba incluida la pregunta: ¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones? Evidentemente nadie está a favor de la propagación de bulos, no obstante, este sondeo abre la puerta a cuestionar la libertad de expresión y de prensa. Varias asociaciones de periodistas protestaron por esta pregunta, pues ya nos podemos imaginar a un gobierno con la potestad de decidir que es la verdad siendo el único encargado de difundirla. En otros países ya existe esta fórmula, adivinen cuales. Consideren, además, el despropósito cuando hemos visto y comprobado cómo nos mienten sin rebozo, siempre por nuestro bien, por supuesto, dado que no somos ciudadanos adultos, formados y responsables, sino pobres personitas necesitadas de protección.
No quiero parecer conspiranoico con estos apuntes, pero no hay duda de que las administraciones públicas a lo largo de los años, poco a poco, han ido invadiendo nuestro espacio legislando y ordenando ámbitos de la convivencia que deberían permanecer en el más estricto acuerdo entre ciudadanos y el sentido común. Al final, estas medidas nos parecerán normales y si no es por una pandemia, será por cualquier otro pretexto que lo justifique. Lo que me llama la atención es que nadie se rebela, nadie protesta, estamos mal acostumbrados. En este país donde todos tienen dentro, además de un entrenador de futbol, un político en ciernes, es imprescindible empezar a cuestionar algunas decisiones y comenzar a defender nuestro albedrío, la toma responsable de decisiones, en definitiva, nuestra libertad, aquella por la que tanto se luchó y que tan complicado fue obtener en las postrimerías del antiguo régimen. ¿Dónde hay que poner el límite al estado? Realmente no lo sé, sin embargo, sería necesario abrir el debate pues la reglamentación y normativa de los municipios, autonomías, gobierno y en nuestro caso, también Europa, cada vez va a más, coartando nuestra apreciada libertad individual.