Su portavoz en Cieza señala que «la mitad de los que tenían empleo hace diez años lo han perdido, y solo uno de cada diez percibe una prestación por desempleo»
Crónicas de Siyâsa/Izquierda Unida
«Una de las primeras decisiones que adoptó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras su nombramiento fue poner en marcha un sistema de ayudas, financiado por la Unión Europea, para que los jóvenes se desplazaran a otros países europeos en busca de trabajo. Toda una declaración de intenciones: la única puerta que se abría a nuestros jóvenes para encontrar empleo era una invitación a marcharse. Muchos han se han visto forzados a hacerlo», declaran desde IU.
Juanjo Montiel ha advertido de que «entre el tercer trimestre de 2008 y el de 2017 hay casi dos millones de personas menos de entre 16 y 29 años en España: los 8.083.3421 jóvenes de 2008 se han reducido a 6.183.811 en 2017», y es que la natalidad y la emigración han provocado un descenso de la población de este segmento del 23,5% de los jóvenes, uno de cada cuatro. De estos 1,9 millones de personas, un millón corresponden al período 2011 – 2017, Según datos hechos públicos por el sindicato CCOO.
Montiel ha incidido en que, «en la actualidad hay más de un millón de jóvenes que buscan empleo (un tercio son parados de larga duración)» y si nos fijamos en el tipo de formación de las personas paradas, «el 61% de todas ellas carece de formación de tipo profesional»; es decir, no ha estudiado o no tiene reconocidas competencias profesionales que le habiliten para trabajar en determinadas ocupaciones.
«Otro dato importante es el que pone de relieve que solamente una de cada diez personas jóvenes percibe una prestación por desempleo. O que 577.278 personas, además de carecer de prestaciones, tampoco tienen formación de tipo profesional», ha declarado el portavoz.
Por todo ello, Jóvenes de IU-Verdes de Cieza considera necesario analizar qué políticas activas se están implementando y qué fondos se destinan a ellas cuando una de cada cuatro personas jóvenes paradas lleva más de un año en paro y carecen de formación de tipo profesional. «Es el caso de 248.167 personas. Además de estas deberían estar incluidas en los objetivos prioritarios en materia de formación, las 209.690 personas jóvenes que carecen de formación de base y precisan acreditar competencias clave para acceder a certificados de profesionalidad de segundo nivel».
Finalmente, Montiel ha subrayado que «todo lo dicho podría llevar a establecer como objetivo que la proporción de jóvenes en la actividad económica no sea inferior al diez por ciento o al 11,1%, que es la mitad del peso de los jóvenes en el conjunto de las edades. Este objetivo debería traducirse en una norma jurídica que permita establecer discriminaciones positivas cuando no se de dicha proporción (una fórmula podría ser circunscribir los contratos de relevo a este grupo de edad). Asimismo, es preciso establecer procedimientos jurídicos que permitan trasponer estos objetivos en la administración pública, dado que las personas menores de 30 años han pasado de suponer el 10,8% en 2008 al 5,9% en 2017″.