Su coordinador en Cieza, Francisco Saorín, afirma que constituye un avance decidido en la garantía de derechos y libertades de las personas con discapacidad
Crónicas de Siyâsa/Izquierda Unida
El Gobierno de España ha aprobado el Anteproyecto de Ley para reformar la legislación civil y penal para personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, resultado de un trabajo largo que se ha evidenciado en normas anteriores.
En un comunicado de prensa, IU-Verdes de Cieza ha explicado que la tarea que este Anteproyecto continúa es la de “adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en vigor en España desde 2008”.
Francisco Saorín, coordinador de los ecosocialistas ciezanos, ha recordado que “la Convención Internacional no da pie a equívocos e insta a los Estados Partes a reconocer esta condición en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida”. Así, la Convención impone como tarea el establecimiento de salvaguardas que aseguren que las medidas relativas a esta capacidad jurídica sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de cada persona.
Saorín ha incidido en que este Anteproyecto, aprobado en el Consejo de Ministros, “busca garantizar que todas las personas con discapacidad tengan garantizados sus derechos y libertades, por lo que IU-Verdes asume este compromiso de manera inmediata porque las personas con diversidad funcional tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.
Asimismo, ha explicado que el anteproyecto plantea “reformas importantes” en la legislación civil y procesal con dicho propósito “por lo que contiene también las salvaguardas necesarias para adaptar dicha reforma proporcionalmente a los casos”.
En cuanto a los detalles del anteproyecto, el dirigente de IU-Verdes de Cieza ha destacado que “sienta las bases del nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad y sustituye la incapacitación o modificación de la capacidad –pues esta como condición inherente de la persona no puede modificarse-, por el apoyo”.
También, que la modificación elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, “figuras que no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que se propone en el anteproyecto”.
Finalmente, Saorín ha afirmado que este anteproyecto, siguiendo las recomendaciones trasladadas por el Comité, modifica la Ley del Notariado, el Código Civil, la Ley Hipotecaria y La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.