Francisco Saorín, coordinador de los ecosocialistas ciezanos, destaca que el nuevo real decreto-ley acuerda el reconocimiento de accidente laboral «a todos los efectos» de las bajas de profesionales sanitarios por la COVID-19
Crónicas de Siyâsa/IU-Verdes
Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley con medidas económicas que conlleva prórrogas a medidas ya tomadas en la emergencia sanitaria, ampliaciones de otras y la incorporación de nuevas políticas, como el reconocimiento del accidente laboral «a todos los efectos» de las bajas de profesionales sanitarios por la COVID-19. El Ejecutivo ha ampliado, además, la moratoria en el pago de impuestos para autónomos y pymes.
En un comunicado de prensa, el coordinador de IU-Verdes de Cieza, Francisco Saorín, ha destacado que, de entre las medidas acordadas, sobresale que la COVID-19 será accidente laboral para los sanitarios. Así, “la norma también reconocer que las prestaciones reconocidas al personal sanitario que presta atención «en los centros sanitarios o sociosanitarios», cuando han contraído la COVID-19, «se considerará accidente de trabajo y lo hará a todos los efectos”.
«En caso de fallecimiento, se considerará también que la causa es accidente de trabajo, siempre que se produzca dentro de cinco años siguientes» a haber contraído el virus. La consideración del accidente laboral a todos los efectos (no solo para el pago de la baja médica por incapacidad temporal) era una de las reclamaciones del personal sanitario, pero no solo. Los sindicatos también exigen esa consideración para los contagios de otros trabajadores expuestos al virus y que se contagien en su espacio de trabajo, ha subrayado Saorín.
El coordinador de IU-Verdes de Cieza ha incidido en que el decreto-ley amplía un mes, de los tres a los cuatro meses, el plazo de carencia (sin intereses) para que autónomos y pequeñas y medianas empresas hagan frente a sus obligaciones tributarias para «mitigar el impacto de la pandemia garantizando la liquidez de las empresas». Hasta el día antes de la aprobación de la norma se habían realizado 1.016.688 solicitudes de aplazamiento de las que se han beneficiado 638.652 autónomos y pymes, que han podido aplazar un importe total de 3.031 millones de euros.
Asimismo, Saorín ha explicado que el Ejecutivo ha ampliado hasta el 30 de septiembre la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario que se facilitó «en el decreto del 7 de abril y cuya vigencia terminaba este próximo 30 de junio«. El pasado 7 de abril el Ejecutivo renovó el permiso de trabajo a los trabajadores extranjeros hasta el del 30 de junio. También concedió el permiso a los jóvenes inmigrantes, de entre 18 y 21 años, que no lo tuvieran.
Finalmente el dirigente de los ecosocialistas ciezanos ha declarado que “otra de las medidas aprobadas por el Gobierno consiste en que las entidades de crédito no podrán repartir dividendo hasta el 1 de octubre de 2020«.