Su portavoz en Cieza advierte de que “no es de recibo que el Ejecutivo de Sánchez aplace acabar con los nocivos efectos del decreto-ley de 2012 de sus antecesores del PP, y la sustitución de la LOMCE por una nueva ley consensuada con la comunidad educativa”
Crónicas de Siyâsa/Izquierda Unida
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, denuncia que el inicio escalonado del curso 2018-2019 se desarrolla “sin medidas efectivas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar de inmediato la situación docente y con los mismos recortes que impuso por decreto el PP en plena crisis”.
En un comunicado de prensa, el portavoz de educación de la formación rojiverde en Cieza, José Monteagudo, señala que “desde IU vamos a seguir trabajando para que se reviertan de inmediato todos los recortes educativos perpetrados por el Ejecutivo de Rajoy, para que se cumpla el compromiso adquirido por el PSOE de derogar la LOMCE para sustituirla por una ley alternativa con el acuerdo de la comunidad educativa”.
El dirigente de IU-Verdes de Cieza advierte de que “todo indica que desde el Ejecutivo socialista, una vez más, se aplica aquello de ‘donde dije digo, digo diego’, mientras la ministra Isabel Celaá aparca los compromisos adquiridos en la oposición por su partido con la comunidad educativa y con la escuela pública”.
Para esta formación, “no es de recibo que el actual Gobierno aplace acabar con los nocivos efectos del Real Decreto-Ley 14/2012 de sus antecesores del PP con un supuesto proyecto de ley que nadie sabe cuándo dejará de ser el mero anteproyecto que es ahora y que, en cualquier caso, no se aplicará antes del curso 2019-2020, como ha avanzado la propia ministra”.
Monteagudo apunta también que “incluso los interlocutores de IU, Podemos y las confluencias que negocian con el Gobierno en los grupos de trabajo sectoriales iniciados recientemente constataron que los enviados de Pedro Sánchez prefieren abordar estos asuntos ‘medida a medida’ y ‘de cara a un futuro… ya veremos’; nada de una derogación total de la LOMCE como firmaron junto al resto de formaciones cuando eran oposición”.
La ministra Celaá ya presentó a los 17 consejeros de Educación autonómicos en la primera Conferencia Sectorial de Educación que ella misma preside ese anteproyecto de ley con el que el Gobierno dice que «persigue reestablecer la situación anterior decreto-ley de 2012, al haber desaparecido las circunstancias que motivaron la aprobación de unas medidas calificadas de carácter excepcional».
Sin embargo, con el «argumento falaz» de no interferir en un curso planificado por la mayoría de las administraciones educativas con la normativa aún vigente, no se van a anular recortes en el curso que ahora se inicia, “por lo que esa supuesta voluntad del Gobierno del Sánchez de revertirlos, que cuenta con el consenso de la mayoría de la comunidad educativa de la Escuela Pública, no va a tener ahora resultados efectivos”, insiste José Monteagudo.
Además, tal y como denuncian los sindicatos del profesorado, la fórmula escogida para acabar con los recortes “acarrea un evidente problema de financiación. Si se opta por dejar en manos de las comunidades autónomas su aplicación, el Gobierno debería asegurar los fondos necesarios para ello, pero no sólo no es así, sino que tampoco ha hecho lo propio en Ceuta y Melilla, que son de su exclusiva competencia”.
El Gobierno del PP aprobó hace seis años el ya citado Real Decreto-Ley 14/2012 que supuso el recorte de 3.000 millones de euros en la Educación Pública. A consecuencia de ello, según los últimos datos de la IGAE sobre gastos por funciones correspondientes a 2016, el gasto educativo estaba en ese momento 4.800 millones por debajo de los máximos de 2009.
Los recortes del gasto se materializaron en el incremento de un 20% de las ratios de alumnos y alumnas por aula en todas las etapas para ‘ahorrar’ en la contratación de profesorado. Se pasó de un máximo de 25 a 30 alumnos en Infantil y Primaria, de 30 a 36 en ESO y FP, y de 35 a 42 en Bachillerato. A esta medida se sumó el incremento de horas lectivas semanales del profesorado, que pasaron de 18 a 20 en Secundaria y de 23 a 25 en Primaria. A su vez, se amplió a 10 días el plazo de sustitución del profesorado en caso de baja por enfermedad, además de incrementar las tasas para el alumnado universitario y limitarse las becas para las familias con menores rentas.
Semejantes recortes supusieron la pérdida de más de 30.000 plazas de profesorado, elevaron el porcentaje de interinos hasta el 25%, masificaron las aulas y deterioraron la calidad de la Educación Pública, en especial la del alumnado más necesitado de apoyo para asegurar su derecho a aprender y evitar el fracaso escolar. La brutalidad de la subida de tasas supuso también la expulsión de 70.000 estudiantes de las aulas.
