Antonio Penalva, coordinador de la formación, pone en valor que “el aumento de las pensiones en función del IPC para 2023 que contemplan los Presupuestos Generales afectará favorablemente a un colectivo de más de 10 millones de personas, ese mismo al que el PP castigó al imponer subidas máximas del 0,25% mientras gobernó”
Crónicas de Siyâsa/Izquierda Unida
Izquierda Unida-Verdes de Cieza valoró en su momento y consideró “muy positivo” el acuerdo en materia de pensiones alcanzado en el marco del Pacto de Toledo “al posibilitar la derogación de los principales recortes impuestos al sistema por los sucesivos gobiernos del PP, además de buscar el reforzamiento de la sostenibilidad futura de las pensiones con el incremento de los ingresos de la Seguridad Social”.
Antonio Penalva, coordinador de IU-Verdes de Cieza, apostilla que “en un momento en el que la clase trabajadora afronta una situación extremadamente difícil, con una inflación del 8,9% sin precedentes desde hace décadas y a la que se suma la pérdida de poder adquisitivo provocada por el insaciable ansia de obtención de beneficios empresariales en el marco de la post pandemia y de la guerra de Ucrania, hay que reivindicar y apoyar las medidas que combaten este despropósito”.
También, IU-Verdes de Cieza pone en valor el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 del Gobierno de coalición, “que contempla una revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas en relación al IPC, lo que puede suponer un incremento en torno al 8,5%”. Asimismo, se valora positivamente “la aportación al Fondo de Reserva de cerca de 3.000 millones de euros, por primera vez después de 13 años y del saqueo que sufrió por parte del PP”.
El coordinador de IU-Verdes de Cieza apunta también que “todos estos avances, fruto especialmente del trabajo de Unidas Podemos en el Congreso junto al de los movimientos sociales y sindicatos de clase, no ocultan que existen también aspectos muy mejorables, como el endurecimiento de las condiciones para la jubilación anticipada al aplicarse coeficientes reductores para desincentivarla, el mantenimiento de la jubilación a los 67 años, la posible ampliación del periodo para el cálculo de la pensión o el impulso de planes y fondos de pensiones de empleo de promoción pública gestionados por el sector privado. Son medidas que, además de dificultar el disfrute de una vejez digna, abocan a la juventud al desempleo y a la precariedad”.
Penalva ha concluido remarcando que “tampoco podemos permanecer impasibles frente a las políticas regresivas practicadas por algunas comunidades autónomas contra la mayoría social y que suponen un deterioro de lo público, de la sanidad, de la dependencia o de la educación”.