Hasta aquí deberíamos haber llegado
En el grado superior de formación profesional en la especialidad de informática donde doy clase, los alumnos que se matriculan acceden, principalmente, tras superar un ciclo de grado medio de la misma familia o al terminar de cursar el bachillerato. La mayoría de estudiantes de bachillerato interesados en este sector han elegido TIC (tecnología de la información y la comunicación) como asignatura optativa en alguna ocasión, por lo que tienen adquiridos conocimientos del lenguaje de programación HTML, el cual se utiliza esencialmente para desarrollar páginas web. Los alumnos del grado medio también conocen en profundidad el lenguaje HTML, sin embargo, también son capaces de programar utilizando otra tecnología, asimismo útil en la labor docente, mas, por el contrario, al ser un lenguaje obsoleto, no tiene ninguna utilidad ni interés en el mundo laboral. A pesar de ello, he decidido que todas las prácticas que vayamos a realizar se desarrollen en este último lenguaje de programación, aunque no todos lo conozcan ni vaya a ser provechoso en el futuro.. Si sobra tiempo (nunca sobra) se realizará alguna práctica en HTML, tras haberla realizado antes en el otro lenguaje. Obviamente, quienes provienen del grado medio tendrán preeminencia sobre los que en el bachillerato no estudiaron este lenguaje, y a la hora de realizar las prácticas, los alumnos con mejores notas tienen prioridad para escoger empresa, lo cual es una ventaja añadida a la hora de acceder al mercado laboral. Alguien podría pensar que este modo de proceder es injusto, dado que unos alumnos estarán en inferioridad de condiciones con respecto al resto; con el añadido de que se está propiciando una situación fuera de toda lógica al priorizar el aprendizaje de un lenguaje de programación obsoleto que de nada servirá en los trabajos a los que opten.
Bien, ¿no les recuerda a nada real este planteamiento teórico? Que teniendo un grupo donde una parte, incluso minoritaria, conoce un lenguaje en concreto, en este caso de programación, mientras todos los miembros de dicho grupo tienen conocimientos en otro lenguaje, que por tanto es común; y sin embargo se priorice utilizar casi exclusivamente el que gran parte del grupo ignora, y que además tienen poco incentivo para aprender puesto que no les será de utilidad en su futuro puesto de trabajo. Estos días hemos conocido la pérdida de su puesto de profesora a una profesional con más de 35 años de experiencia, la primera de la lista de interinos, la primera licenciada en España de su instrumento, por el simple motivo de no tener el título de C1 de valenciano, exigencia de la comunidad valenciana gobernada por el PSOE y los nacionalistas de Compromís; aunque no hay que olvidar de que el requisito del título oficial de valenciano fue introducido en su momento por el Partido Popular. Esta mujer es bilingüe, habla perfectamente el valenciano, pero no pasó el trámite de obtener el ansiado título, algo nada sencillo y que cuesta aunque sea uno nativo de esa lengua. Por ejemplo, me gustaría saber cuántos de los que leen este artículo aprobarían un examen de Lengua de 2º de Bachillerato, entiendan la comparación. Los políticos valencianos están poniendo el foco en que ha tenido tiempo de obtener el título (varios años de estudio y exámenes), pero el verdadero problema se encuentra en la exigencia del título de una lengua que debería ser opcional, debido a la existencia de un idioma común el cual según nuestra Constitución es de obligado conocimiento por todos los españoles. Es decir, todos los españoles tienen el deber de hablar y entender el español, luego todos podemos entendernos sin problema. El resto de lenguas regionales son cooficiales en cada comunidad autónoma pero nadie tiene la obligación de conocerlas, aunque sí el derecho a aprenderla y usarla, obviamente. El imponer este tipo de requisitos lingüísticos supone, en primer lugar, que el resto de españoles no puedan acceder a plazas de empleo público, como puede ser en sanidad, educación, administración, etc. Obviamente, como no suele haber tanta gente con dicho título lo que se consigue es que todos los que tengan la certificación de la lengua regional consigan las plazas de funcionario y tengan prioridad en las listas de interinos, quedando el resto para cubrir las plazas sobrantes.
Esta forma de actuar no es exclusiva de la comunidad valenciana, obviamente. Lo mismo sucede en la Galicia gobernada por el PP, donde el español está prácticamente excluido de la administración pública, en el País Vasco, donde la exigencia del título avanzado de vascuence ha llegado hasta a los profesores de autoescuela, aunque la demanda sea inferior al 5% en las tres provincias (del 1% en Álava), y por supuesto en Cataluña, punta de lanza nacionalista en la imposición del idioma regional. La Constitución es contraria a este modo de proceder, tenemos derecho a la libre circulación por todo el país, derechos laborales y a la no discriminación por cualquier motivo, entre ellos el idioma, y como ya se ha dicho, el único con deber de conocimiento es el español. Muchas de estas medidas han sido tumbadas por los tribunales ante la denuncia de algunos pocos valientes con ganas de luchar por sus derechos ante el abandono de los gobiernos de diferentes signos; como por ejemplo en Baleares para ser funcionario, o en Valencia, pero siempre se intenta buscar el resquicio legal, la aquiescencia de los jueces, o directamente saltarse la ley como hacen en Cataluña con la inmersión lingüística; la más reciente, con la sentencia del tribunal supremo catalán para impartir al menos el 25% de las asignaturas en español. En este último caso, los nacionalistas con el apoyo del PSOE catalán promulgaron una ley para impartir todos los contenidos en catalán (excepto lengua española, obviamente), y el apoyo del gobierno central quien no ha recurrido dicha triquiñuela. El fin de semana pasado ha tenido lugar una multitudinaria manifestación en Barcelona y otras ciudades pidiendo libertad lingüística, libertad de elección. Ha sido apoyado por Ciudadanos, por Vox, y tímidamente por el PP al no asistir su líder actual; aunque de estos últimos conviene no fiarse mucho en vista de su actuación en tiempos pasados o incluso actualmente en la mencionada Galicia. No obstante, han sido diversas asociaciones, la sociedad civil que diariamente arriesga su carrera profesional, y a veces su propia integridad física, quienes han organizado y capitaneado esta protesta pública.
La verdad es que esta forma de proceder coharta la libertad y recorta derechos a quienes no comulgan con el ideario nacionalista; es también un despilfarro de dinero público en duplicidades varias e incentivos a unas lenguas minoritarias que sin la respiración asistida millonaria de nuestras administraciones habría prácticamente desaparecido de la vida pública, y por supuesto, un auténtico negocio para unos cuantos que se están forrando durante años. De ahí que se quiera copiar el planteamiento en Asturias con el bable, en Aragón con el aragonés o el catalán en franjas fronterizas, etc. Yo, personalmente, con la cuestión del 25% en español no estoy de acuerdo. Por ejemplo, un residente de Cataluña que quiera que toda la educación a sus hijos sea en catalán no podría hacerlo. Pero es que un catalán que quiera que la educación de sus hijos sea íntegramente en español tampoco puede. ¿Qué problema hay en ofrecer ambas vías como sucede, por ejemplo, en el País Vasco, o en otros países con varias lenguas oficiales? ¿Qué miedo hay a la libertad de elección? A ese famoso derecho a decidir del que hicieron gala cuando reclamaban la independencia. En tiempos de la dictadura franquista, se utilizaba como argumento para poder estudiar en catalán una resolución o informe de la Unesco en el que se indicaba que la educación en lengua materna es un factor clave para un aprendizaje de calidad. Ahora ellos aplican la misma política educativa que el régimen de Franco, que paradoja. La verdad que de tanto dejar hacer los diferentes gobiernos a los nacionalistas a cambio de su apoyo para alcanzar y mantener el poder, ha dado lugar a esta realidad prácticamente distópica. Hemos llegado demasiado lejos y hace tiempo que deberíamos haber puesto pie en pared y no tolerar estas injusticias; lástima de sociedad adormecida incapaz de reaccionar por nada que no sea enemigos imaginarios sin capacidad de devolver el golpe; ante problemas reales miramos tranquilamente hacia otro lado.