Enmienda a la totalidad
Esta semana se ha conocido un nuevo dato que, en circunstancias normales (porque con este gobierno nunca se sabe) sería otro indicador de la delicada situación de nuestra economía, o de algo peor. Quizá muchos de ustedes no lo hayan leído o escuchado en la prensa mayoritaria; una de las formas de censura más habituales no es prohibir noticias sino, simplemente, no incluirlas entre las principales y esconderlas en un rinconcito o directamente no mencionarlas. Se trata, nada menos, del embargo de activos españoles en el extranjero, como los mil millones de indemnización por la catástrofe del petrolero Prestige en las costas gallegas, el embargo del instituto Cervantes en Londres, o de una filial de Navantia en Australia. Todo esto viene a cuenta de la retirada de las primas a las renovables que propició el inefable Rodríguez Zapatero y que las compañías afectadas denunciaron. El gobierno de Sánchez decidió ir a juicio en vez de pagar y ahora vamos a tener que abonar, además de intereses, también las costas (uno de los afectados ha pasado una minuta en abogados de más de siete millones de euros). Al perder los pleitos y encima continuar con la negativa de pago, ante la sorpresa de los organismos internacionales por esta actitud, han comenzado los embargos. El desastre es total, no solo por arrastrar nuestra reputación como país por los suelos (luego se quejan de que Ferrovial diga que en España hay inseguridad jurídica) sino también por la cantidad de dinero desperdiciado. Qué fácil es tirar el dinero cuando no es el nuestro, más de 200 millones de euros entre contratar carísimos bufetes de abogados, abono de intereses y pagos de costas; no lo pasen a pesetas o les dará un infarto.
Mientras tanto, los sindicatos de clase salen el 1 de mayo, día del trabajador, a aplaudir al gobierno por su buen hacer junto a la ministra de trabajo. ¿Debemos estar contentos por el desempeño de este gobierno en este sentido? Veamos unos datos rápidamente: tenemos la mayor tasa de desempleo de la OCDE, según los datos que facilita el gobierno, los cuales no es que sean muy de fiar. Tenemos más paro que Costa Rica y Colombia, y ya tenemos a Grecia, histórico país líder en desempleo europeo a casi 3 puntos porcentuales; estamos a más del doble de la media de la Unión Europea y casi el triple de la media de la OCDE. Datos para celebrar, obviamente. El autodenominado gobierno más feminista es el que mayor paro femenino tiene de toda la OCDE solo por detrás de Costa Rica. No obstante, superamos al resto, a países tan inclusivos como Colombia, Turquía o Grecia. Entre los empleados públicos, la temporalidad no deja de aumentar en los últimos años; es decir, lo que exigen al empleador privado no se lo aplican a ellos mismos. Idéntico comportamiento negativo con otros indicadores como el aumento del gasto en prestaciones por desempleo, aumento de los salarios, etc. Como digo, aplausos al gobierno y a la ministra del ramo. ¿Contra quién salimos a protestar entonces? Ya lo habrán adivinado, el papel de malo le toca en este caso al empresario. En una situación de crisis en la que nos encontramos, como ya reconoce el gobierno abiertamente, todos perdemos, aunque en diferente medida. Simplemente busquen cuantas empresas han cerrado y cuántos autónomos se han dado de baja en los últimos años y podrán comprobar que muy bien tampoco les ha ido. Y en muchos casos, perdiendo su propio patrimonio o arrastrando deudas que nunca podrán pagar. ¿Qué soluciones propone el gobierno además de subir impuestos sin fin? Por un lado, quieren la jornada de 4 días (con el mismo salario) para lo que ya se están dando subvenciones millonarias con el objeto de que lo apliquen empresas de forma voluntaria, y al mismo tiempo aumentar la edad de jubilación, es decir, que trabajemos hasta los 68-70 años. La verdad es que ambas propuestas de forma conjunta no tienen mucho sentido, ¿trabajar menos horas para estar trabajando con 70 años? ¿Quién no cambiaría trabajar cinco días en vez de cuatro para poder jubilarse a los 62 como en Francia? Además de que el empleado público tiene una jornada semanal 35 horas y quieren bajarlo a 32. No me quiero imaginar cómo se sentirán el resto de trabajadores como camioneros, guardias de seguridad, albañiles, trabajadores hortofrutícolas, ingenieros, administrativos, etc., cuando algunos de ellos en apenas 3 días ya han echado esas 30 horas. UGT, quien abandera esta reivindicación dice que “somos conscientes de las dificultades y reticencias que van a llegar desde los sectores más conservadores de la sociedad, y el neoliberalismo más reaccionario”. En fin, no hace falta ser el sector más conservador de la sociedad ni el neoliberal más reaccionario para ver que hay cosas que en una situación de crisis, de deuda impagable, y paro estructural son imposibles de asumir.
Yo, personalmente, a veces creo que estos partidos autodenominados de izquierda, incluyendo a ambos sindicatos adláteres, han perdido el norte, como se dice coloquialmente. Han olvidado la perspectiva, sus motivaciones primeras, han abandonado la calle excepto el primero de mayo. Su punto de vista está distorsionado por el coche oficial, el sueldazo y el despacho con aire acondicionado y calefacción; no saben lo que se cuece fuera de su burbuja. Han dejado de ofrecer propuestas serias y coherentes, han dejado de ser útiles. Como muestra un botón: esta misma semana, mientras Pedro Sánchez prometía cientos de miles de viviendas sociales, Yolanda Díaz proponía darle a los españoles 20.000€ al cumplir la mayoría de edad. En fin, por prometer que no quede, aunque sea mentira o imposible de aplicar. A estos partidos solo les salva ya una aceptación sincera de su pésima actuación, propósito de enmienda, y trabajo duro para volver a recuperar la confianza del electorado. Y por supuesto, con caras nuevas. Con respecto a la situación del país, el panorama que se encontrará el nuevo gobierno es descorazonador. Desde la Unión Europea ya han advertido que a partir del próximo año no permitirán desviaciones en el déficit, por lo que toca ajustar el presupuesto (buena noticia, por otro lado, si se efectúa de forma inteligente). Pero es que lo que necesitamos es una enmienda a la totalidad, una revolución, pero de buen rollo, sin destruir las estructuras actuales del estado, un plan serio y coherente a 10 o 15 años. Habría que revisar hasta el último céntimo que se gastan las distintas administraciones públicas; priorizar sanidad, educación, seguridad y justicia, y cuando sobre dinero de ahí, pensar donde se necesita más. Por último, el principal valor de una sociedad, de un país, comienza por la educación y conocimientos de sus ciudadanos. No conozco nadie que hable bien de la nueva ley de educación, pero nadie, y de lo que se discute es de cuánto tardará el siguiente gobierno en derogarla. Necesitamos que los políticos saquen sus manos de las leyes educativas; dejar que los expertos se encarguen de preparar un articulado que satisfaga a los implicados y sea útil décadas con ligeras modificaciones debido a los lógicos avances sociales y tecnológicos. Sé que algo así se ha escuchado repetidas veces y resulta hasta lógico, pero nunca se ha probado, podríamos empezar por ahí. Aunque probablemente lo que necesitamos sea justo lo contrario. Tal vez no estamos todavía suficientemente concienciados y con los partidos políticos nos sucede igual que esa pareja amorosa tóxica que nos ha hecho la vida imposible durante un tiempo y estamos deseando perder de vista pero que con el tiempo olvidamos las afrentas y volvemos a caer en sus redes. Quizá lo mejor que nos puede suceder, como sociedad democrática, es otros cuatro años de Sanchismo, de socialismo en coalición con la extrema izquierda, junto a los separatistas Bildu y ERC enmendando leyes, como ha sucedido con la de vivienda. Quien sabe si así conseguimos vacunarnos de por vida contra populistas y demagogos que nos llevan a la ruina periódicamente, lo mismo da que sean de ideología asociada a la derecha o a la izquierda, aprender a saber detectarlos para no ceder a la tentación.