Los socialistas ciezanos han emitido un comunicado al respecto en el que consideran que la “única” finalidad consiste en disponer de informes jurídicos “a la carta”
Crónicas de Siyâsa/PSOE
El siguiente es el comunicado íntegro:
“Ante las numerosas necesidades que tenemos en Cieza, y la gran cantidad de servicios que últimamente se vienen prestando de manera deficiente o han dejado de prestarse en los últimos meses, como la carencia de profesores de Música en el conservatorio; la suspensión de los cursos de natación; colegios o biblioteca sin calefacción; fuentes que no funcionan en la ciudad; y dos de los principales contratos municipales, como el de recogida de basura o el del centro de animales abandonados, funcionando de manera irregular y sin contrato. Queremos resaltar que, cuando algo no funciona, el Gobierno municipal pone excusas y responsabiliza a los demás. Sin embargo, en lugar de buscar soluciones, se dedica a malgastar el dinero público en cuestiones que no son necesarias y que no obedecen al interés de la ciudadanía.
Hace unos días, la Junta de Gobierno iniciaba la contratación de una asesoría jurídica externa, con un valor estimado de 100.000 euros, algo que no tiene sentido, toda vez que el ayuntamiento, en la actualidad, cuenta en su plantilla con dos asesores jurídicos; una secretaria, entre cuyos cometidos está el asesoramiento jurídico de la Corporación; dos funcionarios Licenciados en Derecho, que también ejercen funciones jurídicas, en temas determinados y concretos; y varios funcionarios y funcionarias con titulados en Derecho.
Desde el PSOE de Cieza entenderíamos la contratación de una asesoría jurídica externa si estuviésemos en una situación excepcional, como, por ejemplo, en la tramitación de un nuevo plan general, y hubiese que contestar a múltiples alegaciones; también lo entenderíamos si el ayuntamiento tuviese varios procedimientos judiciales complejos, como fue en su día el famoso caso del V6, pero, en la situación actual, donde no hay procedimientos judiciales complejos y la carga de trabajo no es mayor que la de los últimos años, no tiene justificación, ni explicación, destinar 100.000 euros a la contratación de una asesoría jurídica externa, salvo que la única finalidad sea disponer de informes jurídicos a la carta, sin atender antes las necesidades más acuciantes que afectan a los servicios públicos que afectan a los ciezanos y las ciezanas, lo que demuestra que el gobierno de Tomás Rubio vive ajeno a la realidad y a las prioridades de los ciezanos y las ciezanas”.