El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto ley, el mayor de la historia, para crear un escudo económico y social
Crónicas de Siyâsa/Atalaya.org
Este martes, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto Ley que contiene un ambicioso paquete de medidas con la finalizad de movilizar 200.000 millones de euros para crear un escudo económico y social con el objetivo de que “nadie se quede atrás por la pandemia-crisis del CoVid-19”.
El Real Decreto Ley, el mayor de la historia, tiene como finalidad frenar la caída de la producción y el empleo, doblegar esa curva de caída y recuperar la economía en cuanto la situación sanitaria mejore.
Para ello, se contempla movilizar hasta 200.000 millones de euros -cerca de un 20% del PIB-, de los cuales 117.000 millones serían públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Esto supone un esfuerzo enorme que trata de responder a la magnitud del desafío social y económico.
Con esta medida, el Gobierno de España quiere “dejar claro que no va a dejar a nadie atrás, apoyando a las familias vulnerables, a todos los trabajadores, a las empresas y autónomos, y a la investigación científica y médica”.
600 millones de euros se destinarán a prestaciones básicas servicios sociales de CCAA y Ayuntamientos. También, se contempla la asistencia sanitaria de las personas mayores, a dependientes, así como que la protección alcance la mayor cobertura posible, y la ampliación de la protección a los suministros de agua y electricidad y las telecomunicaciones.
Con el RD se pretende garantizar el derecho a la vivienda para lo que se pone en marcha una moratoria de las hipotecas para personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de que nadie sea desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil.
“Se trata de un potente conjunto de medidas para proteger el empleo y evitar que una crisis temporal tenga un impacto permanente”. Entre ellas, cabe destacar, la que permite que los asalariados que puedan adapten o reduzcan su jornada de trabajo incluso al 100% para conciliar; la que establece el teletrabajo como medida principal y la que promueve ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los ERTEs. Asimismo, los ERTEs causados por la crisis serán considerados fuerza mayor y los trabajadores tendrán acceso a las prestaciones por desempleo. Una medida que no penaliza al paro acumulado y a la pueden optar también aquellos trabajadores que no cumplan las condiciones para obtener el desempleo.
En cuanto a los autónomos, se flexibiliza el acceso a la prestación con cese de actividad, se da una exención de pagos, cuotas y ERTEs. Los autónomos que vean reducidos sus ingresos puedan percibir la prestación por cese de actividad.
Por otra parte, se priorizará la suspensión de contratos y reducción de jornadas frente al despido de trabajadores, quedando las empresas exoneradas de pago cuotas a la Seguridad Social en caso de ERTES.
El Estado quiere proporcionar toda la liquidez necesaria al tejido empresarial, tan necesitada por las empresas en estos momentos. Para ello, ha aprobado una línea de avales de ayudas públicas por 100.000 millones de euros, siendo el Estado el garante de las operaciones.
En el paquete también se incluyen avales a empresas exportadoras de 2.000 millones de euros, medidas para facilitar la reestructuración de créditos a empresas agrarias afectadas por la sequía, digitalización e i+d para facilitar el teletrabajo, así como impedir que empresas exteriores de la UE se puedan hacer con empresas españolas aprovechando la caída del valor de sus acciones.
Asimismo, el Gobierno de España se compromete con el refuerzo de la Investigación científica, para lo que se dedica 30 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III.
En cuanto a la movilidad, se limita la libertad de circulación no solo a las vías de uso público, sino también a las playas. Las actividades deben realizarse de manera individual, salvo las personas mayores, los menores o las personas en situación de discapacidad; y se permite que abran al público centros sanitarios, veterinarios y peluquería a domicilio. Habilitándose al Ministerio de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las actividades permitidas.
Finalmente, se restauran las fronteras terrestres, excepto para las mercancías, y solo podrán entrar al país los españoles y los residentes que se encuentran en el extranjero. También se está estudiando cerrar las entradas aéreas.