El espíritu de las leyes
Allá por marzo de 2017, el diario La Opinión de Murcia me publicaba un artículo titulado La tormenta perfecta. He aquí una reseña del mismo:
“Año 1985. Presidía el Gobierno Felipe González y Ledesma era ministro de Justicia. Se consumó una de las mayores felonías que la independencia de la Justicia ha sufrido jamás. En virtud de una ley orgánica aprobada al efecto, diez vocales serían elegidos por el Senado y los otros diez por el Congreso. En cada terna, seis tendrían que pertenecer a la carrera judicial y cuatro podrían ser juristas de reconocido prestigio. Es verdad que, de los veinte integrantes del consejo, doce seguirían siendo jueces o magistrados pero ahora serían elegidos por los partidos políticos y no por sus compañeros. El prestigio ganado a lo largo de una trayectoria profesional dejaba paso a otros méritos no tan pacíficos.
Aquí no acaba la cosa. El Tribunal Constitucional, garante de la observancia de nuestra Ley de Leyes, está compuesto por doce miembros: cuatro designados por el Senado, cuatro por el Congreso, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ (del que el Gobierno tiene el control). Y todos sabemos que el TC no sólo tiene atribuida una función de primer orden sino que, además y en algún caso, ha ejercido como un tribunal de última instancia, enmendando la plana indebidamente al Supremo. Sólo quedaba un cabo suelto: el ministerio público. El Ministerio Fiscal tiene encomendada la promoción de la acción de la justicia, «en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social»
Todos sabemos que el fiscal general del Estado, oído el CGPJ, es propuesto por el Gobierno. Y, en virtud de los férreos principios de jerarquía y unidad de actuación que presiden esta institución, los fiscales han de atenerse a las directrices e instrucciones dadas por la superioridad”.
No crean cuanto les digan los partidos ni periodistas mal informados o mal intencionados. Desde aquella fatídica Ley, la separación de poderes dejó de ser una legítima aspiración para convertirse en mera apariencia. Platón, Aristóteles y otros autores más tardíos tuvieron gran influencia en el filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu. Este último escribió una obra decisiva con trascendentales aportaciones a las ciencias jurídica y política: El Espíritu de las Leyes. Montesquieu quería un Estado libre, por lo que el poder necesitaba contrapesos para que no derivase en tiranía. Propuso la separación de los tres poderes del Estado; el ejecutivo, el judicial y el legislativo; principio que ha perdurado hasta nuestros días y que ha sustentado toda democracia digna de ser así llamada.
En tiempos de mayorías absolutas, los poderes ejecutivo y legislativo prácticamente se solapaban. Hoy, donde las mayorías son insuficientes, el poder legislativo ha recobrado un protagonismo que nunca debió perder. El poder judicial tiene dos funciones bien simples: administrar justicia y fiscalizar la acción de los otros dos poderes del Estado. Luego la Justicia debe ser independiente y debe aparentar serlo. El poder, de toda condición y color, siempre ha tenido las mismas y persistentes tentaciones: neutralizar todo control, enervar cualquier eventual fiscalización externa, abarcar todo el poder. Allanado el camino, todo será más fácil. La Ley dejará de ser un inconveniente para los desafueros o un impedimento para fines políticos cuando, por compañeros de viaje, se tira de atajos y trampas.
El PP, cuando era oposición, juraba y perjuraba que, tan pronto tuviera el poder, aboliría la citada reforma y devolvería la justicia a los jueces. Fue pisar moqueta y sufrir una repentina amnesia.
Sánchez, cuya temeridad es sólo comparable con su ambición, ha perdido hasta la compostura y ha nombrado como Fiscal General del Estado a la que fuera su Ministra de Justicia y Notaria Mayor del Reino allá por Cuelgamuros. Sus asociados, que hasta hace cuatro días bramaban contra la politización de la justicia, hoy apenas silban como de soslayo. Tragan sapos sin apenas despeinarse y nos recuerdan la vigencia de aquel célebre aforismo: “Tengo estos principios pero si no le gustan tengo otros”.
“La justicia no es otra que la conveniencia del más fuerte”, nos previno Platón. Hoy, como en tiempos pretéritos.
El pueblo, en quien reside la soberanía nacional y del que emanan todos los poderes del Estado, no debe caer en la resignación. Antes o después, recobrará la consciencia y la tierra temblará bajo nuestros pies. La historia nos lo ha advertido en no pocas ocasiones pero muchos se empecinan en desdeñarla. Más allá del imperio de la Ley sólo hay caos. La civilización es digna de ese nombre desde que la Ley nos hizo o pretendió hacernos iguales. El Derecho, en su acepción más hermosa y pura, supuso la mejor y, quizá, única forma civilizada de resolver nuestros conflictos. Ante la diosa de la Justicia, el hombre ha de comparecer desnudo, desprovisto de todo honor o sencillez, ligero de riquezas o precariedad. Del legislador depende que las leyes materiales y procesales sean justas. Y del juez que sea justicia, y no iniquidad, lo que se administre en nombre del pueblo. Dijo Cicerón que “somos esclavos de las leyes para poder ser realmente libres”. Habrá quienes se conformen con un Estado con Derecho. No es mi caso. Aspiro a un Estado de Derecho.