LA HOSTELERÍA CIEZANA EN TIEMPOS DEL COVID
La tercera ola del coronavirus va remitiendo, poco a poco, en Cieza. Era algo esperable; sin embargo, el ritmo del descenso sigue siendo lento y, mientras tanto, se lleva por delante vidas humanas, las de nuestros conciudadanos, tal y como ha sucedido esta última semana donde tenemos que lamentar el fallecimiento de dos mujeres y un hombre de la localidad. El daño, a pesar de la mejoría que se atisba en el horizonte, continúa siendo muy grave y, por desgracia, irreversible en el ámbito humano y social.
En el económico el panorama también es desolador. La hostelería de Cieza, y las empresas que viven de forma indirecta de la misma, sigue siendo una víctima, producto del daño colateral, del coronavirus. Se le ha responsabilizado de la propagación de la pandemia, a pesar de que los datos de la Consejería de Salud contradicen que sea así y afirman que la mayoría de los contagios se han producido en el ámbito familiar y social.
La situación de los hosteleros es “límite”. Estos cierres selectivos no siguen un patrón basado en criterios sanitarios. Si así fuese, la educación de nuestros hijos debería ser telemática, ya que, a pesar de las medidas de seguridad y de registrar niveles ínfimos de contagio en los centros educativos (al igual que en la hostelería), no se toman las mismas medidas por la sencilla razón de que estos centros realizan la función de “guarderías”, puesto que no se impide el ejercicio del trabajo a los padres, con el lógico inconveniente añadido, habrá que tener a los menores “recogidos” en algún sitio.
Al igual que sucede con los salones de juegos, donde la lógica del Gobierno regional asume que en dichos lugares no hay riesgo de contagio, pero en la hostelería sí lo hay; aunque haya que abogar a la ruina a multitud de familias que además cotizan con su sudor y esfuerzo. Por tanto, ¿qué criterios está siguiendo la CARM? Resulta evidente que siempre imperan los intereses económicos de “sus élites y su clientelismo” antes que los puramente sanitarios, que son los que en definitiva deben prevalecer; por el bien del conjunto de la sociedad y que son los que nuestros representantes políticos deben hacer prevalecer, ya que por ello fueron elegidos. Cualquier disparidad a lo expuesto no solo es antidemocrático, sino obsceno y punible, y, por supuesto, moralmente reprobable.