LA EXPLOTACIÓN LABORAL AGRÍCOLA Y LA POLÍTICA LOCAL
Esta semana la localidad se ha visto convulsionada por una operación de la Policía Nacional. Los agentes de la autoridad llevaron a cabo una redada en la que fueron detenidos siete miembros de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) por explotar laboralmente a inmigrantes en situación irregular. Además, también se detuvo a 50 trabajadores, que estaban siendo explotados, por carecer de la documentación necesaria y ser, por tanto, inmigrantes ilegales.
Hechos como este reflejan cómo se encuentra el sector agrícola. Aunque es cierto que estos casos no son la tónica general, si es verdad que, debido a una legislación laxa, costumbres arraigadas y precarización y necesidad de los trabajadores agrícolas, las irregularidades se producen con más frecuencia que en otros sectores.
A los casos de explotación laboral se le unen la especulación de los mercados y las infladísimas comisiones de los distribuidores, lo que conlleva una precarización masiva de todo el sector primario. Este cúmulo de circunstancias (o más bien de malas praxis) provoca que se detraiga la riqueza de un sector básico en la sociedad como es agrícola, que se encarga de producir los alimentos que todos y todas consumimos.
Por ello, urge que se establezca una legislación acorde e igualitaria con respecto al resto de sectores productivos de la economía y que se aplique y se supervise con la misma rigurosidad, por parte de las inspecciones de trabajo, con la que se desarrolla en otros ámbitos. En caso contrario, además de encontramos con prácticas tan deleznables como la expuesta y de la precariedad de gran parte del sector agrícola, se puede provocar la desaparición de numerosas explotaciones agrícolas pequeñas ante la falta de perspectivas de futuro. Las nuevas generaciones ya no se conforman con subsistir, tal y como han hecho sus ancestros; también aspirar a lograr las mejores condiciones de vida posibles, y eso muy respetable y muy justo.
Por otro lado, en el ámbito político de Cieza, se perciben dos hechos destacables: que nos encontramos en un periodo vacacional y el poco calado de casi todos los partidos de la oposición. En el Pleno municipal de agosto quedó latente. Los ciezanos y ciezanas quieren que sus representantes políticos propongan asuntos que mejoren sus circunstancias, su día a día; es decir, que trabajen para solucionar los problemas que les afectan.
Y este no es el caso de las propuestas de la oposición. Mientras unos se preocupan de asuntos banales (hay algunos que ni siquiera se preocupan y solo asisten a los Plenos como meros observadores y sin proponer nada), otros presentan mociones que en nada afecta a la ciudadanía de Cieza y que en ocasiones vienen impuestas desde los órganos regionales y nacionales como genéricas. También es cierto que existe una honrosa excepción dentro de los partidos de la oposición: Ciudadanos. Esta formación sí está realizando una oposición preocupándose por solucionar los problemas de Cieza, pero lleva consigo el lastre de la dinámica nacional del partido que, probablemente, conllevará que desaparezca de la Corporación municipal la próxima legislatura. Y este hecho, en realidad, es una pérdida para la localidad, porque este partido, con menos representación que el PP, es la verdadera oposición en el municipio.
Sin embargo, los populares prosiguen la deriva (en ocasiones desidia) caínita iniciada en 2015. Han pasado más de tres años de legislatura y han sido muy pocas las propuestas de calado que han realizado. Un ejemplo de ello son las dos mociones que llevaron al último Pleno: pedir que se ponga el nombre de una calle a Miguel Ángel Blanco (esta moción es genérica por parte del PP en los ayuntamientos) y solicitar que se les siga pagando la factura del agua a las monjas clarisas. La primera de ellas en nada afecta a los problemas de los ciezanos y ciezanas. Y la segunda solo afecta a una comunidad religiosa, a una organización privada pero no al conjunto de la ciudadanía. Pretender que se mantengan privilegios basándose en acuerdos realizados cuando gobernaban la monarquía absoluta y el franquismo es cuando menos anacrónico, máxime en un estado aconfesional como se refleja en nuestra Constitución (sí, la Carta Magna que tanto defienden los populares en función de sus propios intereses políticos). Otorgar dicho privilegio a una comunidad religiosa, que ya ostenta otro como es la exención del IBI (incluidas las propiedades que tiene alquiladas y de las que, lógicamente, obtiene beneficios económicos), no es sinónimo de preocuparse por el bienestar de los ciezanos y ciezanas (existen muchas familias en la localidad con las mismas necesidades), sino intentar mantener los privilegios de unos pocos, y esto para nada se ajusta al artículo 14 de la Constitución, que declara que todos los españoles somos iguales ante la ley (también la Biblia dice que todos somos hijos de Dios). Por tanto, lo que debe hacer la oposición es ponerse el “mono de trabajo”. Las elecciones municipales se aproximan y la ciudadanía tiene memoria.