Avalancha legislativa
Otra ley que publica este gobierno, en este caso la Ley de Vivienda, dentro de esta auténtica avalancha legislativa en que nos tiene inmersos desde que se hizo con el poder. Digo avalancha por resultar fino y no excretar una expresión como “diarrea legislativa”, tal y como hizo la secretaria de estado de igualdad y contra la violencia de género Ángela Rodríguez explicando que debían aprovechar su estancia en el poder para ello (legislar a toda mecha), puesto que no tenían claro cuando podrían volver. En esta ley se ha desaprovechado la oportunidad de legislar contra el verdadero problema de la falta de vivienda en general y el alquiler de esta en particular, que no es otro que la ocupación ilegal de viviendas y la demora y/o falta de respuesta de la justicia, unida a la lentitud secular de la misma. Aquella ley que pergeñaron en los años 80 los socialistas, con Miguel Boyer en economía y Felipe González en la presidencia, para acabar con las leyes estatistas del franquismo, la cual liberalizaba el mercado y tanto éxito tuvo, se la cargan ahora de un plumazo otros socialistas que parece que nacieron ayer y nos tememos que no saben lo que hacen, como sobradamente han demostrado a lo largo de la legislatura con sus continuas meteduras de pata, contradicciones y rectificaciones sobre la marcha. Esta ley de vivienda se ha dejado en manos de Bildu y la izquierda republicana de Cataluña (ERC) nada menos, es decir, la extrema izquierda separatista de ambas comunidades autónomas, lo mejorcito de cada casa, socios preferentes del gobierno. ¿Qué puede salir mal? Un guirigay infumable que no solucionará nada y además no va a funcionar, porque uno de los propósitos es abaratar el alquiler y su forma de hacerlo es limitar el precio máximo al arrendamiento. Eso ya se ha probado en París o Berlín con el resultado, profetizado por los expertos, de la disminución de la oferta de pisos alquilables y la subsecuente subida de precios. En fin, lo esperado. ¿Por qué no dejan a las entidades involucradas y a los verdaderos expertos en la materia que asesoren y consensuan así las medidas necesarias? Todo está politizado.
Fruto de esta plétora de leyes que nos avasallan hemos tenido la enésima jaimitada de este gobierno esperpéntico con la modificación, en el BOE, el mismo día, del mismo apartado de una ley por dos ministerios distintos; teniendo ahora el gobierno que volver a modificar dicho apartado para poner orden. Y no se crean que la confusión se debe a que uno de los ministerios es controlado por el PSOE y el otro por sus socios de coalición, sino que ambas actuaciones fueron efectuadas por dos ministerios de Unidas Podemos, que la verdad, no parecen muy unidos. Está bien que no se lleven muy cordialmente unos con otros, pero al menos, si no colaborar, al menos avisar -oye, que estoy trabajando en esto, avisado quedas- o algo parecido. Sin embargo, da la sensación de que ni se hablan, y priman más sus rencillas internas, ambiciones indisimuladas y cálculos electorales que el trabajo por el que se les paga generosamente todos los meses. Por otro lado, aparte de estas incompetencias, resulta que el gobierno ha aprobado en apenas dos años más de 2.200 leyes, normas y decretos; unido a tener en cada comunidad autónoma una legislación distinta, y a las normativas y ordenanzas de cada ayuntamiento, el caos y la problemática para las empresas y ciudadanos se está convirtiendo en insoportable. Y no quedan ahí los problemas, una de las empresas más importantes de nuestro país, Ferrovial, ha abandonado España arguyendo la poca seguridad jurídica; añadan este argumento a todo lo anterior. El gobierno no ha tardado en darle la razón con una campaña de acoso y descrédito y además amenazando con aplicar leyes de forma discrecional en caso de confirmar la marcha. En fin, ellos mismos quedan en evidencia. Y no es la única, Mediaset, dueña de las cadenas de televisión Telecinco y Cuatro también ha marchado hace poco escogiendo como destino el mismo que Ferrovial, Holanda, aunque ahí el gobierno no ha tenido nada que decir; no es lo mismo meterse con una malvada empresa constructora, según su relato, que con un poderoso medio de comunicación que te puede destrozar simplemente con contar la realidad de lo que sucede (todos sabemos por qué ahora mismos callan).
Hace unos años, Canadá publicó la “ley de reducción de la burocracia”, con el efecto de que, por cada nueva ley aprobada, sería obligatorio eliminar una de las que ya estén vigentes. Además, cada nueva norma debía ir emparejada con un estudio de los costes que acarrea. Estoy seguro de que una ley de ese tipo sería perfecta para España, incluso llevándola más allá limitando la cantidad de páginas (no vayan a sacar una ley con 100.000 páginas) e intentando eliminar las ambigüedades que dejan al ciudadano indefenso ante la administración, como sucede con hacienda. En todo caso, volviendo a Telecinco, Ferrovial y otras, escama un poco este rápido y simultáneo traslado de empresas. Es habitual que en las altas esferas tengan información privilegiada obtenida con antelación. ¿Sabrán algo que nosotros todavía no sabemos y por eso se largan? Tampoco hace falta ser un lince para adivinar que lo que se avecina no va a ser un camino de rosas. No hace falta percibir sensaciones ni cocinar encuestas, vayámonos a los datos, fríos pero precisos, desde que este gobierno accedió al poder tras la moción de censura en 2018, o incluso démosle un margen hasta las elecciones en 2019. Que alguien me diga, por favor, algún indicador que sea positivo para empresas, autónomos o ciudadanos. Han empeorado las cifras de empleo, así como su calidad (cada vez más temporalidad); somos el único país de la OCDE que no ha recuperado los niveles de PIB prepandemia; somos líderes en paro juvenil en Europa; la deuda ha aumentado peligrosamente en estos últimos cuatro años; las leyes estrella de la coalición, como educación, garantía sexual (sí es sí) o protección animal no convencen a nadie, tenemos 300.000 funcionarios públicos más que hace 4 años y sin embargo el contacto con la administración cada vez es más ineficiente, y un largo etcétera. Así que contamos los días para que la pesadilla de este gobierno acabe y con el tiempo resulte un mal sueño. No obstante, otros siete meses de coalición desde las elecciones municipales y autonómicas hasta las elecciones generales es demasiado tiempo al ritmo que legislan y toman decisiones para parchear problemas que necesitan un análisis a medio y largo plazo. Estos próximos comicios deben ser tomados como un plebiscito sobre Sánchez y sus acólitos, al igual que sucedió en las elecciones municipales que dieron lugar al advenimiento de la segunda república, prácticamente por estas mismas fechas. Si sufre una derrota aplastante que vaticine su salida de la Moncloa en diciembre, que no alargue la agonía, que haga como Alfonso XIII, coja la maleta, y con su amado Falcon se desplace al puerto más cercano para partir al exilio, no le echaremos de menos. Cuanto antes se ponga a trabajar en serio el siguiente gobierno antes saldremos del pozo.